La iniciativa de reforma en materia administrativa que propuso el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) preocupa al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), debido al impacto adverso que puede provocar a la inversión, en un momento en que se busca impulsar el nearshoring.

“De aprobarse este proyecto de decreto sin cambio alguno se atentaría contra el Estado de Derecho, convirtiéndose en un inhibidor de la inversión en el país, al trastocar la seguridad y certeza jurídica de los ciudadanos y empresas dejándolos en estado de indefensión frente a actos de gobierno que pueden resultar arbitrarios y sin fundamentos objetivos”, señaló.

La inversión, que es el pilar fundamental para el desarrollo de cualquier país, necesita condiciones de certidumbre jurídica en el tiempo, misma que estaría perdiéndose con las medidas propuestas, añadió.

La iniciativa plantea modificar 23 leyes federales y, de acuerdo con el proceso legislativo, podría ser aprobada en el presente periodo ordinario de sesiones, es decir, durante abril.

El presidente aseguró que la propuesta busca combatir la corrupción, prevenir daños al interés público y fortalecer a la administración pública federal.

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El IMEF señaló que la aprobación de esta iniciativa de reforma se daría en un contexto en el que la economía nacional muestra niveles reducidos de crecimiento y requiere de una recuperación de la inversión, para lo cual el entorno internacional es especialmente propicio.

“El proceso de relocalización de las cadenas de suministro de América del Norte (nearshoring) representa la principal oportunidad de desarrollo para México en los próximos años y su aprovechamiento debe fundamentarse en una estrategia integral de fomento y certidumbre a la inversión”, señaló.

En opinión de los ejecutivos de finanzas, esta iniciativa también atentaría contra el medio ambiente y los recursos naturales.

“El IMEF exhorta al Congreso de la Unión a rechazar esta iniciativa de reforma como está planteada, a fin de mantener la certidumbre jurídica necesaria para un entorno económico y de negocios que contribuya al crecimiento del país, así como para alcanzar mayores niveles de bienestar social y reducir las diferencias entre las regiones”, expuso.

FP