Empresarios y profesionales de la industria de la construcción consideran como un avance las recientes modificaciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ya que fortalecen el marco regulatorio con el que funciona la contratación de empresas privadas en el desarrollo de obras de infraestructura pública.

La Cámara de Diputados aprobó este mes de abril las enmiendas a la mencionada ley, luego de dos años de trabajos entre legisladores, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y organizaciones empresariales como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), entre otras más. 

Ahora, la reforma a la Ley de Obras Púbicas y Servicios Relacionados con las Mismas se encuentra en la Cámara de Senadores para su análisis, discusión y eventual aprobación.

En un foro para analizar las modificaciones a la referida ley, que se transmitió por videconferencia, el diputado con licencia Ricardo Exsome Zapata, destacó que el cambio más relevante fue el relativo al artículo 24, el cual establece que las entidades de gobierno deberán asegurarse de tener elementos suficientes antes de licitar los proyectos y ejecutarlos.

“Para licitar, adjudicar y contratar obras públicas, las dependencias y entidades deberán tener estudios y proyectos, evaluaciones costo-beneficio, permisos ambientales, derechos de propiedad, inmuebles y bienes necesarios, así como especificaciones de construcción y normas de calidad y el programa de ejecución terminado; o bien en obras de gran complejidad, elementos técnicos suficientes que permitan a los licitantes preparar una propuesta solvente”, leyó Ricardo Exsome Zapata.

El especialista consideró que este cambio permitirá a las empresas prepararse con más seguridad en los aspectos financieros y técnicos para concursar en los futuros procesos de licitación.

Asimismo, el sector público y el Poder Legislativo tendrán más confianza para calcular los presupuestos que son necesarios en cada proyecto de obra pública y de esta forma evitar que, en lo sucesivo, se tengan que autorizar nuevas partidas de gasto para terminarlas.

Ricardo Exsome Zapata también destacó que dicho artículo 24 refiere que los estudios costo-beneficio deberán hacerse con base la Ley de Presupuesto, mientras que aquellas obras que carezcan de derechos de propiedad liberados deberán mostrar convenios de ocupación previa.

El legislador con licencia puso de ejemplo el caso del tren México-Toluca, cuya construcción no ha podido concluirse porque estaban pendientes de liberarse aspectos como los derechos de vía en algunos tramos de la ruta, una situación que dejará de presentarse gracias a los cambios a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

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En tanto, Francisco Solares Alemán, presidente de la CMIC, coincidió en que la reforma a la Ley mejorará la colaboración entre privados y el sector público para ejecutar proyectos de infraestructura.

Sin embargo, sugirió a los senadores que en el dictamen que van a discutir introduzcan un nuevo cambio relativo a los anticipos.

El representante empresarial expuso que la mayor parte de las empresas de la construcción son pequeñas y medianas (pyme), a quienes se les dificulta conseguir financiamiento en la banca comercial, de ahí que una manera de obtener recursos económicos de inicio para participar en los proyectos de obra pública sería por la vía de los anticipos.

GC