El sector privado manifestó su preocupación por el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados, que reforma el artículo 19 de la Constitución, para ampliar el número de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre los cuales se incluye la sospecha de evasión fiscal.
“Estamos muy preocupados, muy preocupados”, comentó ayer Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sobre el contenido de ese dictamen, al considerar que mandar a prisión a una persona porque se sospecha que no pagó impuestos puede constituir un factor que ahuyente a la inversión privada.
Te puede interesar: Aprueban dictamen que reconoce derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes
Esta semana, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 19 de la Constitución para aumentar el catálogo de delitos a los que puede ser aplicable la prisión preventiva oficiosa, con base en la iniciativa de reforma que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado al Congreso de la Unión.
Asimismo, los legisladores aprobaron una salvaguarda para evitar que los jueces e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puedan suspender, temporal o definitivamente, la ejecución de la prisión preventiva.
Los delitos incorporados en el dictamen son los de extorsión, narocmenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas, defraudación fiscal, contrabando y la emisión de comprobantes fiscales falsos.
Te pude interesar: Aprueban en comisiones dictamen de la reforma ferroviaria
“Para la interpretación y aplicación de las normas previstas este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”, establece la reforma.
Una vez que el dictamen ya fue aprobado, se turnará a la nueva legislatura del Congreso de la Unión, que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre, para su análisis, debate y eventual aprobación.
Diputados de oposición, que votaron en contra del dictamen, advirtieron que la reforma va en contra de los compromisos de México adquiridos a nivel internacional para proteger los derechos humanos de los ciudadanos.
Te puede interesar: Pensiones, “vivienda social” y salarios mínimos, las reformas con dictámenes ya aprobados
La prisión preventiva implica llevar a la cárcel a un sospechoso de haber cometido un delito grave, en lo que se investiga y se confirma que efectivamente es responsable.
Sin embargo, Rubén Moreira Valdez, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, consideró que la prisión preventiva constituye una medida abusiva para delitos como los fiscales, ya que no implican un riesgo para la seguridad nacional.
Una persona que señale el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de ser evasora de impuestos, inmediatamente será arrestada y llevada a prisión, y desde la cárcel tendrá que defenderse y presentar sus elementos de prueba.
GC
