El gobierno de México ratificó su determinación de prohibir el maíz genéticamente modificado para consumo humano, al considerar que las quejas del gobierno de Estados Unidos contra el reciente decreto mexicano en la materia carecen de sustento comercial y son más de naturaleza política.
En este sentido, el gobierno federal devolvió las reclamaciones al gobierno norteamericano, al manifestar que Estados Unidos debe demostrar que el decreto afecta económicamente a los productores y las empresas de ese país.
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La Secretaría de Economía informó sobre una conversación que tuvieron Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía de México, y Katherine Tai, representante Comercial del gobierno de Estados Unidos, el pasado 24 de febrero, acerca del mencionado decreto —publicado el pasado 13 de febrero— sobre el glifosato y el maíz genéticamente modificado o transgénico —como también llama el gobierno—, en la que ambas partes expusieron sus razones.
En esta conversación, Buenrostro Sánchez defendió que los términos del decreto no atentan contra los capítulos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como argumenta el gobierno norteamericano.
“La posición de México en torno al maíz transgénico, agregó Buenrostro, es compatible con los compromisos suscritos en el T-MEC, destacando que toda restricción sanitaria al comercio tiene que estar basa en evidencia científica, tal como expresamente se señala en el decreto”, refirió la Secretaría de Economía en un comunicado.
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Raquel Buenrostro hizo ver a Katherine Tai que el decreto tiene la intención de proteger las especies nativas de maíz —en la medida que México es centro de origen del grano—, prevenir la salud humana de riesgos y que “la tortilla siga elaborándose con maíz nativo”.
Además, el decreto también se propone “que México incremente su producción de maíz con semillas nativas, asegurando así la conservación de su biodiversidad, lo cual ya ocurre”, agregó el comunicado.
Asimismo, Buenrostro Sánchez argumentó que el decreto no provoca problemas comerciales, ya que nuestro país produce internamente más maíz del que necesita, en tanto que las importaciones del grano, procedentes de Estados Unidos, se incorporan a los inventarios nacionales como complemento.
La funcionaria mexicana insistió en que el maíz genéticamente modificado importado, blanco o amarillo, se utiliza principalmente para consumo animal y usos industriales.
Incluso, Buenrostro Sánchez expuso que las importaciones de maíz norteamericano a México han aumentado sus volúmenes en los últimos años.
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Con base en el intercambio que ha habido entre ambos gobiernos, antes y después de la publicación del decreto, la Secretaría de Economía concluye que Estados Unidos carece de argumentos suficientes para impugnar el decreto y que sus motivos reales son políticos.
Como se ha informado anteriormente, el gobierno estadounidense ha dicho que las nuevas disposiciones del gobierno mexicano que prohíben la importación, producción y uso del maíz genéticamente modificado en la cadena masa-harina-tortilla constituye una medida proteccionista, que carece de bases científicas por que no existe evidencia en el mundo acerca de que los alimentos biotecnológicos afecten la salud humana.
Sin embargo, el gobierno mexicano tiene otra opinión y lo expresó de esta manera.
“El diferendo de Estados Unidos sobre el decreto que regula el maíz transgénico carece de fundamentos comerciales. Su motivación, en realidad, es política. Como lo reconociera públicamente el propio secretario de Agricultura estadounidense, Tom Vilsack, se trata de una cuestión de principios”, aseguró el comunicado.
Por lo anterior, si Estados Unidos pretende llevar esta diferencia de opiniones a un panel de solución de controversias, con base en las reglas del T-MEC, “tendría que demostrar cuantitativamente, es decir, poner en cifras algo que no ha ocurrido, que el decreto del maíz afecta comercialmente a sus importaciones”, concluyó la Secretaría de Economía.
GC
