La más reciente propuesta del gobierno mexicano para modificar el marco legal en materia de minería implica riesgos crediticios para las empresas que operan en México, debido a que se pretende incrementar su carga regulatoria y también pueden terminarse de manera anticipada sus concesiones para operar.
“Las condiciones de la propuesta de reforma pueden desalentar a las empresas mineras a invertir más en México y a buscar oportunidades en otros lugares”, consideró Moody’s, agencia calificadora de deuda, en un comentario sobre el proyecto de ley.
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Entre otros aspectos, la iniciativa de reforma que entregó el gobierno mexicano, el pasado 28 de marzo, pretende disminuir de 50 a 15 años la duración de las concesiones mineras, mismas que podrán ser prorrogables por una sola ocasión por un lapso igual.
También se propone cambiar el esquema de otorgamiento de nuevas concesiones, para que en adelante solo pueden conseguirse mediante concurso público.
Además, se elimina el carácter preferente de la minería, de modo que la exploración, explotación y beneficio de los minerales no serán causas suficientes para declarar la expropiación de terrenos en favor de particulares.
Pero también se establece que una razón para revocar las concesiones mineras son los daños ambientales y el hecho de que las empresas no presenten reportes sobre impacto ambiental y social en los lugares donde laboran.
El proyecto modifica las leyes Minera; de Aguas Nacionales; del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.
Panorama incierto para mineras
Ante estas propuestas, Moody’s considera que las nuevas concesiones mineras de México se harán “más inciertas” y “aumentarán los riegos de operación” de las compañías nacionales y extranjeras.
En caso de aprobarse tal como está el proyecto de reforma, Moody’s descarta de momento impactos crediticios en empresas actualmente operantes en el sector, como Fresnillo y Southern Copper Corporation, cuyas concesiones vigentes terminan entre los años de 2050 y 2060.
Tampoco se anticipan efectos en la calificación crediticia de Orbia, ya que sus concesiones de extracción de fluorita se distribuyen en diferentes acuerdos, con fechas de término entre los años de 2029 y 2061.
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Sin embargo, la aprobación de la iniciativa de ley sí tiene implicaciones a mediano y largo plazos, tanto para las empresas actualmente operantes como para las que quieran conseguir concesiones por primera vez, consideró Moody’s.
“La propuesta limitaría las concesiones mineras del país a un plazo de 15 años y con derecho a la producción de un solo mineral, con una opción de renovación de 15 años por una sola vez. Las concesiones actuales pueden durar entre 50 y 70 años y permitir que el concesionario explote todos los minerales que se encuentren en su área”, refiere la agencia calificadora.
Bajo este supuesto, se acortará la cantidad de tiempo necesaria para prospectar, estudiar, desarrollar, explotar y terminar una mina, con lo que se “reducirán los rendimientos de la rentabilidad y las inversiones de las empresas”, refirió Moody’s.
“El gobierno podrá revocar permisos o concesiones de manera unilateral y requerirá que las empresas obtengan concesiones de agua y realicen consultas con las comunidades antes de obtener nuevas concesiones mineras. El proyecto de ley también agrega ciertas razones para cancelar las concesiones mineras, como la falta de informes sobre posibles daños, riesgos para el equilibrio ecológico o no tener programas de cierre o manejo de residuos”, destacó Moody’s.
En este sentido, los trámites de aprobación de las concesiones mineras serán más lentos y complicados que en la actualidad, lo que afectará la actividad de las empresas.
Necesidad de modificar el proyecto de ley
La agencia calificadora refirió que, por la relevancia de la minería para la economía mexicana, es altamente probable que las empresas mineras tengan acercamientos con el gobierno en aras de revisar el proyecto de reforma.
Actualmente, México es el primer productor mundial de plata y el segundo de fluorita. Asimismo, el país es uno de los 10 principales productores mundiales de minerales como zinc, oro y cobre, con lo que la minería contribuye con 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Otro elemento a considerar consiste en los tiempos que tiene el Poder Legislativo para procesar y, en su caso, aprobar el proyecto de ley, ya que el actual periodo de cesiones concluye el 30 de abril.
Eventualmente, el Congreso de la Unión tendrá oportunidad de abordar la iniciativa de reforma en materia minera para el siguiente periodo ordinario de sesiones, que comienza el 1 de septiembre.
GC
