Alejandra Lagunes Soto Ruiz, senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa de ley para promulgar la nueva Ley de Ciberseguridad y Confianza Digital, que servirá para crear un marco legal en la materia en el país y que pretende impulsar una estrategia nacional, con la colaboración de los sectores público y privado y la sociedad en general.
Cuando faltan dos semanas para concluir la actual legislatura del Congreso de la Unión, la senadora dijo que esta iniciativa de ley constituye “un legado para la siguiente legislatura”, que deberá analizarse y eventualmente aprobarse después de que los nuevos diputados y senadores entren en funciones el próximo 1 de septiembre.
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El proyecto de Ley de Ciberseguridad y Confianza Digital plantea crear una estrategia nacional de ciberseguridad, que deberá articular acciones de prevención, detección, respuesta y recuperación ante incidentes de tipo cibernético, con la colaboración del gobierno, de las empresas y de la sociedad.
También se propone crear un Sistema Nacional de Ciberseguridad, un Consejo Nacional de Ciberseguridad y una Comisión Consultiva.
Alejandra Lagunes comentó que el proyecto igualmente propone crear un Instituto Nacional de Innovación y Formación en Tecnologías Digitales y Ciberseguridad, que coordinará y ejecutará políticas en la materia.
En conferencia de prensa para dar a conocer su proyecto de ley, la legislatura mencionó que en la iniciativa se tipifican delitos y se establecen sanciones para los infractores.
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Se prohíben la difusión de información falsa, el acoso cibernético y la discriminación, entre otras prácticas nocivas; además de que se crea la figura de perito de ciberseguridad y la de fiscal especializado en delitos cibernéticos.
En aras de enfrentar incidentes de ciberseguridad, la ley propone crear un protocolo nacional homologado de gestión de incidentes cibernéticos y la conformación de equipos de respuesta.
Se proponen sanciones de seis a dos años de prisión y pago de multas a quienes produzcan o vendan dispositivos para intervenir comunicaciones o sistemas sin consentimiento y también para quienes intercepten comunicaciones privadas sin oren judicial.
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Asimismo, se plantean sanciones de prisión para quienes difundan contenido pornográfico de menores, que copien información sin autorización previa o que dañen sistemas informáticos del gobierno o de las empresas, entre otros delitos.
Aquí puedes consultar el proyecto completo.
GC
