El paquete presupuestario para 2027, que será entregado al Congreso a principios de septiembre, será determinante para evaluar la viabilidad de la consolidación fiscal y la situación de las finanzas públicas en los próximos años, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En su análisis semanal, el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que esta revisión será especialmente relevante ante el debilitamiento que mantiene la economía mexicana y la presión que enfrentan las finanzas públicas, en un entorno en el que los recursos disponibles resultan cada vez más limitados frente a los compromisos del gobierno.

Abundó que, a casi dos años del inicio del actual gobierno, la actividad económica continúa débil y prácticamente todos los indicadores muestran un comportamiento desfavorable al inicio del segundo trimestre del año. A este escenario se suman el efecto de la política comercial de Estados Unidos, la incertidumbre generada por la reforma judicial y los elevados niveles de violencia e inseguridad derivados de un débil estado de derecho.

Según el organismo, la percepción de insuficiencia en infraestructura energética y de agua también forma parte de los factores que mantienen la incertidumbre, debido a que todavía no termina de establecerse cómo se garantizará su disponibilidad en el futuro.

En este contexto, mencionó que especialistas económicos y algunos organismos han mantenido cautela en sus pronósticos de crecimiento para este año, aunque anticipan una mejora para 2027. No obstante, sus estimaciones se mantienen por debajo de la expectativa oficial de 2.3%, nivel que, recordó, coincide con el promedio anual registrado entre 1994 y 2018 y que también se encuentra por debajo del ritmo que requiere el país para generar mejores condiciones de bienestar para la población.

Ante este escenario, el CEESP destacó la importancia de incrementar la inversión para lograr un ritmo de crecimiento elevado y sostenido, particularmente en infraestructura. Sin embargo, durante enero-junio de este año la inversión física del sector público cayó 7.9% en términos reales, lejos del incremento de 10% estimado para todo 2026.

La menor inversión se presenta mientras las finanzas públicas enfrentan una mayor presión por el endeudamiento. Hasta junio, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público alcanzó 19.0 billones de pesos, monto que implicó un costo financiero de 693,000 millones de pesos, equivalente a 14.3% del gasto total durante la primera mitad del año.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, al cierre de 2026 la deuda habrá superado los 20 billones de pesos, mientras que el costo financiero llegará a 1.5 billones de pesos, equivalente a 15.2% del gasto total y 4.1% del PIB, además de representar cerca de 60% más de lo previsto para inversión física. Para dimensionar el aumento de esta carga, el CEESP recordó que al cierre de 2018 el pago de intereses equivalía a 2.5% del PIB.

Aunque los resultados más recientes de las finanzas públicas muestran un comportamiento acorde con el objetivo de consolidación fiscal de las autoridades, el organismo señaló que alcanzar un déficit de 4.1% del PIB este año sigue siendo un reto, sobre todo después de que el déficit fue de 4.3% en 2025, cuando se había aprobado originalmente una meta de 3.9 por ciento.

En materia de ingresos, el CEESP señaló que durante enero-junio aumentaron apenas 0.1% en términos reales respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que el gasto público registró un crecimiento de 2.1%. El comportamiento de los ingresos estuvo apoyado principalmente por una mayor recaudación del IVA, que aumentó 10.6% en el primer semestre.

Sin embargo, el organismo consideró que este resultado parece estar relacionado, en parte, con un efecto temporal sobre el consumo durante junio por el inicio del Mundial de futbol. Tan solo en ese mes, la recaudación por IVA aumentó 53.6% anual, por lo que existe la posibilidad de que este comportamiento pierda dinamismo en los meses posteriores.

Por el lado del gasto, los recursos destinados al desarrollo social aumentaron 9.7% durante el primer semestre, principalmente como consecuencia de los recursos destinados a los programas sociales del gobierno. Al mismo tiempo, la necesidad de atender los distintos programas y proyectos prioritarios mantiene limitado el margen para modificar la estructura del gasto.

El CEESP señaló que el listado de programas prioritarios para 2026 representa 2.6 billones de pesos, equivalente a 30% del total de los ingresos públicos. Si a esto se suma el gasto en nómina, pensiones y costo financiero, considerados gastos irreductibles, el conjunto representa 89% de los ingresos totales, lo que refleja el reducido margen de maniobra de las finanzas públicas.

Esta situación dificulta liberar recursos para otros fines, mientras que una asignación eficiente del gasto resulta indispensable para estimular la actividad productiva y contribuir al bienestar de los hogares, de acuerdo con el organismo.

Por ello, el Presupuesto 2027 será crucial para determinar la viabilidad de los esfuerzos de consolidación fiscal y la perspectiva futura de las finanzas públicas, concluyó el CEESP, el cual sostuvo que el crecimiento económico requiere estabilidad macroeconómica y una situación financiera y fiscal sólida que permita impulsar la inversión y la participación activa del sector privado en el desarrollo nacional.

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