Los datos revelados por la Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la semana pasada, acentúan que la estrategia del gobierno federal no beneficia necesariamente a los más pobres, resaltó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Según el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), lo anterior se observa en que mientras el número de personas en situación de pobreza “moderada” se redujo de 51.9 a 46.8 millones entre 2018 y 2022, la pobreza extrema aumentó en 0.4 millones (de 8.4 a 9.1 millones).
“La estrategia del gobierno no beneficia necesariamente a los más pobres.
“El hecho de que la pobreza moderada se redujo y la extrema se elevó entre sus primeros 4 años, es señal de una forma de regresividad en los programas oficiales”, destacó en su análisis económico ejecutivo semanal.
En el documento, el Centro reconoció que de 2018 a 2022 se redujo la población en pobreza por motivo de ingresos, en 5.7 millones; la fracción en pobreza extrema bajó en 1.8 millones.
Las causas de las mejorías, dijo, fueron los incrementos del salario mínimo, “que acumulan 90% en términos reales en lo que va de la administración”, así como el impacto de los programas sociales, los cuales se producen con transferencias de ingresos “sin condiciones a la población”.
El CEESP subrayó que, pese a lo anterior, las carencias sociales mostraron serios retrocesos entre 2018 y 2022, pues el número de personas con al menos tres de las seis carencias que define el Coneval se elevó considerablemente, en 7.1 millones, para llegar a 32 millones o más de 28% respecto a 2018.
“La menor pobreza junto a las mayores carencias sociales es muestra clara de la preferencia del gobierno por las transferencias en efectivo a la población, prácticamente como dádivas sin condiciones, por encima de los servicios sociales que por la ley privilegia”, anotó.
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Tras considerar los “niveles de inequidad que prevalecen”, apuntó que es necesario que la asignación de los recursos públicos se dirija realmente a los deciles de la población de menores ingresos, en los que, por ejemplo, aumentó 90% el gasto en salud, “lo que está necesariamente relacionado con un manejo deficiente del sector salud”.
“El deterioro de los servicios públicos sociales, o el aumento de las carencias, entre 2018 y 2022 desafortunadamente se concentra en las áreas de formación de capital humano: educación, alimentación y salud.
“El rezago educativo aumentó en 1.6 millones, el acceso a alimentación nutritiva y de calidad bajó en 4.1 millones y, notoriamente, la población que se quedó sin acceso a servicios de salud -o cobertura de salud pública- aumentó en 30.3 millones; la carencia de este servicio pasó del 16.2% a 39.1%”, señaló.
Bajo este contexto, el CEESP concluyó que lo aconsejable es que, “a futuro, los programas sociales avancen con educación útil para el progreso de las personas, con salud adecuada para todos, con más productividad y con verdaderas oportunidades de movilidad social. Es decir, con más componentes que promuevan el capital humano”.
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