Pese a los esfuerzos del gobierno federal por enfrentar el robo de combustibles, la extracción ilegal de gas LP ha mostrado una tendencia hacia el crecimiento, debido a que en los últimos tres años el número de tomas clandestinas ha aumentado 1,000%, lo que ha implicado para Petróleos Mexicanos (Pemex) pérdidas económicas por 17,280 millones de pesos (mdp) anuales.
En 2018 se habían detectado 215 puntos de extracción ilegal en los ductos de Pemex, pero al cierre de 2021 se habían identificado 2,187 tomas, aseguró la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas).
Cada mes se roban de 60,000 a 65,000 toneladas de gas LP, de las cuales aproximadamente 44,000 se venden en la Ciudad de México y el Estado de México, según estimaciones de la Asociación.
“Desafortunadamente para el gas LP, para Pemex, estos grupos delictivos que dejaron de participar en el robo de gasolinas migraron hacia el robo de gas LP a los ductos de Pemex”, aseguró Carlos Serrano Farrera, presidente de la Amexgas, para explicar las razones por las cuales se ha disparado la frecuencia de este delito.
En conferencia de prensa conjunta con representantes de la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG), la Cámara Regional de Gas, la Asociaciones de Distribuidores de Gas LP del Noreste (Asocinor) y la Asociación de Distribuidores de Gas LP del Interior (Adigas), Serrano Farrera comentó que en 2018 se detectaba una toma clandestina cada dos días, pero en 2021 se encontraron siete diarias en los gasoductos de Pemex.
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En este sentido, las asociaciones de empresas de gas manifestaron su preocupación por el avance de este delito, ya que además de representar pérdidas económicas para Pemex y la federación, también constituye un riesgo para la seguridad de las comunidades por las cuales atraviesan los ductos objeto de “ordeña”.
En un cálculo rápido sobre las pérdidas económicas que genera este delito, Serrano Ferrara comentó que el robo de gas LP genera un daño a Pemex de 1,440 mdp mensuales, pero en un año la estimación aumenta a 17,280 mdp.
Asimismo, el robo de gas LP igualmente genera afectaciones económicas para las empresas distribuidoras y comercializadoras del combustible en el país, ya que se utilizan entre 5,000 y 8,000 vehículos repartidores, no registrados, que venden el combustible a las familias.
De esta forma, las empresas gaseras estiman que 8% del gas LP que se comercializa en México tiene un origen ilegal, proporción que puede crecer hasta 20% en la Ciudad de México y el Estado de México, que constituyen el principal mercado de la “ordeña” de este combustible.
GC
