La importación, distribución y comercialización de productos pirata, robados o de contrabando son considerados delitos graves en México, pues estas actividades ilícitas afectan no sólo a los titulares de los derechos de propiedad intelectual y a las empresas formales, sino también a la economía nacional y a los consumidores.

De acuerdo con el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto, quienes se dedican a dichas actividades, en todas las escalas, están vulnerando la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, particularmente el registro de patentes de marcas y de diseños industriales.

Igualmente, se viola la Ley Federal de Derechos de Autor, pues “la legislación reconoce que una persona que ha producido un elemento (artístico, literario, etcétera), tiene derecho a la exclusividad respecto a las ganancias (sobre estos artículos), durante un plazo determinado de tiempo”.

“Esto se vulnera, evidentemente, con la piratería”, mencionó el funcionario en conferencia de prensa en la que presentaron los primeros resultados del operativo limpieza en Hermosillo, Sonora.

Nieto agregó que también se vulnera la Ley General en materia de Aduanas de nuestro país, “porque la toda introducción de manera ilícita de mercancía al país, que no pague impuestos, que no sea registrada de manera adecuada, o que pueda venir en un pedimento, ya sea en un contenedor o en algún otro mecanismo, escondida, puede dar como resultado la generación de otro tipo de conductas delictivas”.

“Eso me llevaría, por supuesto, a la Ley en materia de Delincuencia Organizada.

“Cuando hay más de tres personas organizadas para la Comisión de Conductas Ilícitas, estaremos en presencia de un delito”, apuntó.

Igualmente, dijo, hay violación al Código Fiscal de la Federación, “en materia de incumplimientos en materia fiscal, porque este tipo de actividades vulneran no solamente los derechos de propiedad industrial, propiedad intelectual, sino también los que cometen delitos en materia fiscal y, por supuesto, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo cual implicaría una violación a la ley federal de identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

“Al final, lo más grave es que afecta a la industria mexicana. Esto genera pérdida de empleos en nuestro país”, concluyó.

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