La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó posibles irregularidades en el gasto de las obras de construcción del Tren Maya, que pudieron implicar daños económicos por 785 millones de pesos (mdp), en el año 2022.
Entre otras irregularidades, la Auditoría encontró pagos en exceso o indebidos a proveedores, deficiente planeación, pago de intereses, trabajos que no cumplieron con lo solicitado, falta de acreditación de un programa de vigilancia ambiental y de un proyecto ejecutivo, hasta la compra de un terreno de 295,000 metros cuadrados para derechos de vías que finalmente no será utilizado.
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Lo anterior abarca los siete tramos del Tren Maya, una de las obras emblemáticas de la presente administración y que, desde diciembre pasado, abrió su primera etapa para el uso del público.
David Colmenares Páramo, jefe de la ASF, entregó este martes a la Cámara de Diputados la tercera parte de los informes individuales de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2022.
En los reportes, la ASF refirió que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) –institución de gobierno que tenía a su cargo el desarrollo del Tren Maya— no aportó la información para explicar un pago de 10,019 pesos para liberar derechos de vía del Tren Maya, además de que se hicieron pagos excesivos al personal por 11.8 millones de pesos.
En el Tramo 4, la ASF encontró pagos excesivos por 286.3 mdp, al realizarse una integración de diversos precios unitarios; además de que se gastaron 256.1 mdp en la compra de terrenos para el Tren Maya, lo que se hizo sin avalúos individuales que especificaran qué espacios se adquirieron y cómo se determinaron los precios.
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Además se entregaron documentos sin firmas ni folios ni nombres de personas responsables.
Los encargados de la construcción del Tren Maya pagaron intereses de 54.1 mdp, por pagos en exceso en las compras de acero.
Además, en el Tramo 3, de Calkiní a Izamal, se identificaron 65.5 mdp pendientes por aclarar, por pagos en exceso en labores de salvamento arqueológico, así como trabajos que no cumplen con la calidad requerida para instalar pasos peatonales, caminos auxiliares, pavimentos, guarniciones y señalización.
En tanto que en el Tramo 4, de Izamal a Cancún, se encontraron dudas sobre el gasto de 352.3 mdp por pagos excesivos e trabajos de “deficiente calidad” en el pavimento de la autopista, colocación de una barrera central de concreto y sin comprobar el cumplimiento de las características requeridas en el proyecto.
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En el caso del Tramo 6, de Tulum a Chetumal, no se presentó el programa de vigilancia ambiental ni los documentos relativos a las medidas de mitigación; tampoco se acreditó la existencia de documentos sobre manejo y control de los árboles retirados.
GC
