El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que los nuevos estímulos fiscales que anunció el gobierno federal para incentivar la llegada de empresas extranjeras al país, en el marco del nearshoring, contradicen acuerdos con la Organización Mundial de Comercio (OMC).
En un análisis, el centro de investigación apuntó que el hecho de que el decreto dirija los beneficios únicamente a empresas exportadoras en sectores económicos específicos y con vínculos comerciales establecidos principalmente con Estados Unidos, “contradice algunas de las disposiciones establecidas en los acuerdos en los que México participa con la OMC”.
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El miércoles, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto por el que se establecen incentivos fiscales para empresas que deseen reubicarse en cualquier parte de México, aplicables para diez sectores clave de la economía mexicana: componentes electrónicos, semiconductores, baterías, motores, equipo eléctrico/electrónico, fertilizantes, farmacéutica, agroindustria, instrumentos médicos y cinematografía.
Los beneficios otorgados son la deducción acelerada de inversiones, que varía de 56% al 89% en 2023 y 2024. Además, se garantiza una deducción adicional de 25% durante tres años para gastos de capacitación de trabajadores, enfocándose en el desarrollo del capital humano.
La deducción inmediata sobre el ISR se aplicará para la inversión en bienes nuevos de activo fijo (como las plantas, maquinarias, mobiliario, etc.), que se hayan adquirido a partir del 12 de octubre de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2024.
Cabe mencionar que estos estímulos fiscales aplicarán sólo cuando las empresas se dediquen a la producción y exportación de bienes pertenecientes a los 10 sectores mencionados, las cuales además deberán obtener al menos 50% de sus ingresos por la exportación de su producción en el periodo contemplado.
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Al respecto, el IMCO retomó que, de acuerdo con las disposiciones de la OMC, las prácticas que perjudiquen la competencia en el sistema de comercio deben evitarse.
Dentro de estas prácticas, se incluye el otorgamiento de beneficios conferidos a ciertas empresas bajo la condición de que se exporte un determinado porcentaje de la producción, como lo hace el decreto al estipular un mínimo de ingresos por exportación de 50% para que las empresas puedan acceder al beneficio.
Igualmente, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, por su siglas en inglés), en su Artículo 1 establece que si un país concede a otro una ventaja especial, se tiene que hacer lo mismo con todos los miembros de la OMC.
“Este principio, conocido como el “trato de la nación más favorecida”, entra en conflicto con los criterios establecidos en el decreto para seleccionar los sectores beneficiados, los cuales incluyen un incremento en la demanda por exportaciones de México a Estados Unidos”, resaltó.
En ese sentido, el IMCO dijo que si bien los estímulos fiscales pueden incentivar la inversión en el país, el gobierno mexicano debe garantizar que dichas medidas no entren en conflicto con los compromisos que México tiene con sus socios comerciales.
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