La nueva Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenibilidad, que se publicó el pasado 17 de abril, plantea más dudas e incertidumbres que certezas, ya que insiste en promover la pequeña producción para abastecer al mercado nacional, prohibir determinados insumos agrícolas sin firmes bases científicas y también instruye a la generación de “reservas estratégicas” de granos y semillas sin especificar reglas claras que inhiban la especulación.
“La reciente aprobación de la ley presenta problemas conceptuales, al intentar abordar múltiples aspectos —alimentación, producción, medio ambiente y competitividad— bajo una sola legislación, lo cual sobrecarga las capacidades administrativas a niveles federal, estatal y municipal sin asignar los fondos necesarios”, consideró Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), a través de un análisis.
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En opinión de este grupo de consultores, la nueva Ley se suma a otras disposiciones legales impulsadas por la presente administración, encaminadas a promover una alimentación saludable y un abasto nacional de alimentos con base preferentemente en producción local, pero que no han sido acordadas con los factores de la producción, tales como el etiquetado de la comida de alto contenido calórico, además de la prohibición el glifosato y del maíz genéticamente modificado.
Lo anterior es una muestra de la adecuación del marco legal conforme a principios ideológicos, y no así una reforma legal apoyada en bases científicas y de mercado.
Entre otros aspectos, la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenibilidad ordena a los restaurantes proveer de agua potable gratuita a sus clientes, así como a ofrecer opciones de platillos saludables en sus menús y a reducir el uso de grasas, sales y azúcares, una de las medidas que se han hecho más populares entre la población.
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Sin embargo, GCMA alerta sobre otras disposiciones dirigidas a los productores que despiertan incertidumbre como el hecho de que “impone restricciones sobre el uso de ciertos productos sin pruebas científicas concluyentes de su daño”.
Asimismo, la nueva legislación habla de “soberanía alimentaria”, entendida como la producción de los alimentos que se consumen en el país dentro de territorio nacional, lo cual puede ir en contra del principio de “seguridad alimentaria”, concepto que se refiere a la oferta suficiente de los alimentos que necesita el país en volumen, calidad y precio asequible para la población.
La soberanía alimentaria es “un concepto que ningún país ha alcanzado plenamente y que podría contradecir los principios de seguridad alimentaria, definida como el acceso a asequible a alimentos”, refirió GCMA.
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Con la aprobación de la nueva Ley, el Congreso de la Unión instruyó para que los pequeños productores agrícolas sean los proveedores principales de los alimentos en el país, peor no solo para su consumo, sino que también deberán generar excedentes de granos y semillas para consumo del resto de la población.
Estos excedentes los tendrá que almacenar la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para crear una “reserva estratégica”, que permita al país tener inventarios suficientes de granos y semillas en casos necesarios.
“Sin embargo, el mantenimiento de dicha reserva implica altos costos asociados a la compra y gestión del inventario, además de generar especulación que podría afectar negativamente los precios de los granos impactando desfavorablemente a los productores que la ley busca apoyar”, consideró GCMA.
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Otra disposición de la nueva Ley se refiere a que el gobierno deberá comprar mínimo 15% de los productos primarios de los pequeños productores, lo cual puede ir en contra de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Además, falta definir qué se entiende por “pequeño productor”.
GCMA igualmente destacó que la Ley ordena a las autoridades garantizar el derecho a los alimentos y al agua potable a las familias de escasos recursos, lo que se convierte en nuevas responsabilidades a los estados y municipios para cumplir con estas obligaciones.
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Además, la nueva Ley no establece la fuente del financiamiento para que las autoridades puedan cumplir con estas facultades.
GC
