La venta de las 13 plantas de Iberdrola en México no se debe celebrar, consideró la firma Santamarina y Steta.
“No hay nada que celebrar cuando una empresa desinvierte como resultado de un hostigamiento desde el gobierno en un sector que se encuentra abierto a la participación del sector privado y cuyos derechos adquiridos e inversiones deben respetarse a cabalidad en un Estado de Derecho”, comentó Juan Carlos Machorro, abogado líder de la Práctica transaccional.
La realidad, dijo, es la de una empresa que está desinvirtiendo, tras haber sido la más acosada en el sector por parte de esta administración y una más de aquellas que han padecido las medidas adoptadas por el gobierno.
Hace unos días, Iberdrola anunció la venta de 13 plantas por seis mil millones de dólares a través de un vehículo de inversión nacional, ‘aparentemente’ con participación del Fonadin, administrado por Mexico Infrastructure Partners.
“Contrario a lo que anuncia el Presidente de la República, no se trata de una ‘nueva nacionalización’”, dijo.
En su análisis, el especialista dijo que no queda claro de qué forma participaría el gobierno federal en la operación anunciada, ni en qué medida apoyaría el cierre financiero de la operación.
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Tampoco, dijo, queda claro cuál sería el beneficio para el país al adquirir estos activos, más allá de abonar al discurso ideológico, “y por cierto equivocado, de una nueva nacionalización del sector. Más bien se trata de una desinversión, que agrava la franca caída de inversiones en el sector”, expuso.
Lo que sí queda claro, en principio, es que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no sería propietaria de los activos. En su caso, solo serían operados por dicha Empresa Productiva del Estado.
“Parecería que nuevamente estamos en presencia de un anuncio que pone en tela de juicio la sensatez en el uso de recursos públicos, con todas las consecuencias de derecho que ello implica”, consideró.
FP
