La reforma al Poder Judicial y otros cambios regulatorios —como la posible desaparición de los organismos constitucionales autónomos— modifican el ambiente de negocios en México y ponen en riesgo la confianza empresarial, lo que impedirá aprovechar al máximo el proceso internacional de relocalización de empresas o “nearshoring”, advierte Moody’s Ratings.
Ante la reciente reforma judicial —que introduce un esquema de designación de juzgadores por voto popular—, la agencia de calificación crediticia refiere que las empresas se mantienen a la expectativa de cómo funcionará dicha reforma, por lo que mantienen cautela para impulsar nuevos proyectos de inversión.
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De esta manera, las empresas reducen su riesgo crediticio en el corto plazo pero, en el largo plazo, significará para México una pérdida de oportunidades para crecer.
“Las 25 empresas y firmas de infraestructura calificadas de México enfrentan un riesgo crediticio moderado en 2024-2025. Un cambio abrupto en el poder judicial y la regulación de México pone en riesgo confianza empresarial, incluida la inversión extranjera en el país, lo que crea cuellos de botella adicionales que le ponen trabas al nearshoring y podría generar cambios en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, refirió Moody’s Ratings en su reporte “Empresas mantienen su cautela en torno a la confianza de los inversionistas en 2024-2025 tras una amplia reforma regulatoria”.
Mientras se pone en marcha la reforma al Poder Judicial, con la primera elección de jueces, magistrados y ministros el 1 de junio de 2025, la calificadora advierte que existen altas probabilidades que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo siga adelante con el proyecto de desaparecer siete organismos constitucionales autónomos, lo que también reforzará la cautela de los inversionistas y empresas para trabajar en México.
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Entre estos organismos se encuentran el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), así como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), cuyas facultades serán reasignadas a las dependencias del gobierno federal.
“La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, probablemente continuará con la postura de su antecesor contra los organismos regulatorios autónomos y los fusionará en ministerios de gobierno. A medida que los inversionistas se vuelvan más cautelosos, las empresas mexicanas acumularán más efectivo, ya que se muestran reacias a embarcase en nuevas inversiones de capital”, advirtió Moody’s Ratings.
En este sentido, el potencial de crecimiento de la economía mexicana será de máximo 1.5% en 2024 y de 1.3% en 2025, lo cual evidencia el impacto que tendrán los cambios regulatorios en la inversión y la actividad productiva en su conjunto.
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En su reporte, la agencia calificadora advierte que la extinción de los organismos autónomos significará un retroceso de 10 años en la transformación del sector de telecomunicaciones, que ha fortalecido la competencia entre grandes y pequeños operadores, sin olvidar las implicaciones que tendrá para México por incumplir con sus compromisos en el T-MEC.
América Móvil —de Grupo Carso— es la empresa de telecomunicaciones preponderante del país, por lo que no enfrentará ningún problema con la desaparición del IFT; en cambio, Grupo Televisa, sí enfrentará dificultades para mantener sus utilidades y generación de flujo de efectivo, así como otras empresas competidoras.
“La regulación facilitó que Total Play Telecomunicaciones pudiera apropiarse de 16% de participación de mercado en el servicio de banda ancha y de 11% en el mercado de televisión de paga”, refirió el reporte.
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Los cambios regulatorios que ha emprendido México en la administración pasada y que ha retomado el gobierno de Claudia Sheinbaum también incluyen nuevas disposiciones en materia de concesiones de agua para uso industrial y de minería a cielo abierto.
La posible prohibición de la minería a cielo abierto —que está en espera de aprobarse en la presente Legislatura— representa riesgos para una empresa como minera como Fresnillo, que tiene una concesión de 1.6 millones de hectáreas para explotación de recursos minerales.
Asimismo, la minera Southern Cooper Corporation enfrenta un panorama incierto, ya que obtiene 60% de sus ingresos operativos de sus actividades productivas en México, gracias a concesiones de largo plazo, de ahí que la incertidumbre regulatoria constituye un riesgo para la compañía.
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“Las regulaciones sobre agua y minería a cielo abierto pesarán sobre el sector minero de México, al aumentar su riesgo operacional y desalentar a la inversión”, consideró Moody’s Ratings.
GC
