México necesita con urgencia una reforma fiscal, pero no basta con crear nuevos impuestos o cobrar más. El reto consiste en definir quiénes deben contribuir, qué gravámenes conviene modificar y qué efectos pueden tener sobre la economía, con el fin de aumentar los recursos públicos sin frenar la producción, el consumo o la inversión.

El problema de fondo es conocido: históricamente, los ingresos del Estado han resultado insuficientes frente a las necesidades de gasto. Aunque la recaudación ha crecido de manera importante, México todavía recauda menos que otros países y regiones, según el estudio “Historia de la recaudación en México: sistemas tributarios, conflictos y transformaciones”, elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

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Los ingresos tributarios pasaron de 11.5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 1990 a 18.3% en 2024. El avance es claro, pero todavía queda por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, que pasó de 14.5% a 21.72% del PIB en el mismo periodo.

La distancia es todavía mayor frente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyo promedio subió de 30.8% a 34.1% del PIB.

Más ingresos, pero todavía insuficientes

La evolución histórica muestra que México ha ampliado gradualmente su capacidad recaudatoria. Los ingresos del gobierno federal equivalían a 4.7% del PIB en 1900, bajaron a 3.6% en 1910 y posteriormente llegaron a 6.1% en 1925, 8.1% en 1960 y 11.9% en 1976.

Desde 1990, los ingresos tributarios del gobierno federal pasaron de 8.3% a 15.2% del PIB en 2025, como resultado de la creación y modificación de distintos impuestos y de cambios en las fuentes de financiamiento público.

Urge ampliar los ingresos tributarios con una reforma

Sin embargo, el CIEP advierte que una reforma fiscal no debe concentrarse únicamente en elevar la recaudación. También es necesario revisar quién paga impuestos y en qué proporción, con el objetivo de que la carga corresponda a la capacidad económica de los contribuyentes y no recaiga de manera desproporcionada sobre quienes tienen menores ingresos.

Otro punto es fortalecer a las instituciones encargadas de administrar y cobrar los impuestos. La experiencia histórica muestra que no basta con aprobar un nuevo gravamen: se requiere información sobre la actividad económica, reglas claras y capacidad administrativa para mantener una recaudación estable.

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También será necesario mejorar la coordinación entre la federación y los estados, una relación que históricamente ha provocado tensiones por la distribución de las facultades para recaudar y financiar el gasto público.

El estudio plantea, además, la conveniencia de diversificar las fuentes de ingresos. En distintas etapas, las finanzas públicas dependieron del comercio exterior, la minería, el tabaco y el petróleo, actividades expuestas a cambios en los precios, la producción y el entorno internacional.

La lección es que una reforma fiscal debe recaudar más sin convertirse en un freno para la economía. Los impuestos necesitan financiar al Estado, pero también evitar distorsiones que desalienten la producción, fragmenten los mercados o encarezcan innecesariamente el intercambio.

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A decir del CIEP, la transformación pendiente exige combinar progresividad, instituciones fuertes, coordinación entre gobiernos, fuentes diversificadas y estabilidad recaudatoria.

Solo así México podrá aumentar sus ingresos públicos sin repetir los desequilibrios que han limitado sus finanzas durante décadas.

GC