En su agitada agenda de trabajo de la última semana, la Cámara de Diputados recibió una propuesta para crear la nueva Ley Federal de Ciberseguridad, que pretende establecer un marco normativo en la materia e impulsar una política nacional, con la participación de nuevas instituciones, la conformación de registros de incidentes y la tipificación de delitos que puedan afectar a organizaciones o personas en particular.
Javier López Casarín, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentó el martes la iniciativa, misma que ya fue admitida a trámite en las comisiones de Ciencia y Tecnología, Seguridad y Hacienda para su análisis y eventual aprobación.
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El proyecto de la nueva Ley Federal de Ciberseguridad se compone de 92 artículos, divididos en ocho títulos, y ocho artículos transitorios.
Entre sus puntos principales, la nueva ley pretende crear la Agencia Nacional para la Seguridad Digital, dependiente del Poder Ejecutivo, la cual se encargará de formular disposiciones de seguridad de la información, guías de buenas prácticas y mecanismos de seguridad tecnológica para dispositivos electrónicos en poder de los usuarios.
Se establece que la Agencia deberá fundarse en un lapso de 36 meses –tres años— después de promulgarse la nueva ley.
Además de la agencia, se conformará un grupo gubernamental consultivo, que se denominará Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación y de la Seguridad de la Información (CITICSI), en el cual concurrirán representantes de 30 dependencias públicas.
Dicha Comisión se ocupará de formular acciones preventivas y de reacción en materia de ciberseguridad dentro de la administración pública federal.
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Asimismo, se propone impulsar una Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el Registro Nacional de Incidentes de Ciberseguridad, en aras de promover la defensa de los derechos digitales.
Por un lado, la Estrategia Nacional de Seguridad se encargará de realizar un diagnóstico sobre la ciberseguridad nacional y de buscar mecanismos para cooperación nacional e internacional.
Mientras que el Registro Nacional de Incidentes de Ciberseguridad llevará un recuento de los incidentes que presenten organizaciones públicas y privadas, cuya información se reservará confidencialmente. Estos registros deberán servir para la toma de decisiones.
El proyecto de ley también sugiere que la Fiscalía General de la República (FGR) haga lo necesario para crear una fiscalía especializada en ciberseguridad, que se encargará de investigar y perseguir los delitos de este tipo. La FGR tendrá un plazo de 36 meses para crear esa fiscalía.
Asimismo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública se encargará de crear procuradurías o fiscalías estatales especializadas para la investigación de los delitos en materia de ciberseguridad, con ministerios públicos y policías especializados.
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El prospecto de Ley Federal de Ciberseguridad identifica como delitos las faltas contra la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de datos, los ataques a un sistema informático, la intercepción de datos, la falsificación informática, el fraude por medios informáticos, los delitos contra la integridad y libertad de las personas y la violación a la propiedad intelectual, entre otros.
En manera paralela, el Poder Judicial también tendrá que adaptarse para procesar los casos que reciban en materia de ciberseguridad, por lo que deberán habilitarse jueces especializados.
La Cámara de Diputados concluyó ayer su periodo ordinario de sesiones, por lo que el proyecto de ley tendrá que esperar hasta que comience el nuevo periodo ordinario, el 1 de septiembre, para que las comisiones comiencen los trabajos para discutirlo y someterlo a votación.
GC
