El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) se adhirió a las manifestaciones públicas del sector privado que advierten acerca de los riesgos que representan para el país la sobrerrepresentación del oficialismo en el Congreso de la Unión y la inminente aprobación de reformas en materia judicial y de organismos constitucionales autónomos.
Después de que otros organismos del sector privado como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) se han expresado con preocupación sobre estos temas, el IMEF advirtió este martes que la “sobrerrepresentación” de una fuerza política en el Congreso de la Unión —Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados políticos— puede generar en el país una “concentración de poder y el debilitamiento del equilibrio de poderes”.
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Asimismo, el Instituto se refirió con inquietud a la reforma al Poder Judicial, que está en proceso de trámite en la Cámara de Diputados, y que pretende reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de 11 a nueve miembros, y que introduce un método de elección de jueces, magistrados y ministros por medio del voto popular.
De aprobarse este proyecto de reforma en sus términos, se puede generar un ambiente de incertidumbre que no existe en el momento actual y también una politización de las resoluciones de los juzgadores, lo cual debilitará la certeza jurídica de los actores económicos, advirtió el IMEF.
Mientras que la aprobación de otro proyecto de reforma, encaminado a desaparecer los organismos reguladores como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y las comisiones Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Reguladora de Energía (CRE), el IMEF consideró que “tendrá graves consecuencias para la economía y la confianza de los inversionistas”.
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La economía mexicana perderá organismos técnicos capaces de impedir “la intervención gubernamental sesgada que altere decisiones técnicas de libre competencia”, advierte el Instituto.
De insistir el gobierno federal y sus grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión en impulsar la “sobrerrepresentación” legislativa y las mencionadas reformas constitucionales, “México tendría que enfrentarse a un escenario económico, financiero y de negocios adverso”, dice el IMEF.
Entre otras consecuencias, el gobierno mexicano puede perder el grado de inversión, lo que ocasionará volatilidad del tipo de cambio, encarecimiento del crédito para el gobierno y las empresas mexicanas y aumentos de las tasas de interés.
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Además, se observará un incremento en el riesgo financiero de las empresas, lo que afectará la estabilidad y el crecimiento económico, considera el organismo.
Otro efecto desfavorable es que la desaparición de los organismos constitucionales autónomos provocará “un aumento en los costos de transacción y una disminución de la eficiencia económica”.
Con todo esto, México se perderá la oportunidad de atraer nuevas inversiones productivas derivadas del proceso internacional de relocalización de empresas o “nearshoring”.
GC
