México pagó 27 millones de dólares por concepto de la comisión anual de la Línea de Crédito Flexible (LCF) del Fondo Monetario Internacional (FMI), correspondiente al monto de acceso solicitado de alrededor de 18,000 millones de dólares para los doce meses que restan al acuerdo vigente.

El pago se realiza en un contexto de reducción gradual del monto de acceso a este mecanismo de protección financiera, luego de que las autoridades mexicanas decidieron disminuirlo de 200 a 150% de la cuota del país en el FMI, lo que equivale a aproximadamente 18,000 millones de dólares.

La decisión, anunciada por la Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), considera la resiliencia de la economía mexicana, la fortaleza de las reservas internacionales y la capacidad del país para enfrentar choques externos.

El ajuste se dio después de que el FMI confirmó que México mantiene el cumplimiento de todos los criterios de habilitación para acceder a los recursos de la Línea de Crédito Flexible, en caso de requerirlos y sin condicionalidad posterior, lo que reconoce los fundamentos macroeconómicos del país, la fortaleza de sus instituciones y su historial de políticas económicas prudentes.

Entre los factores que destacó el organismo internacional figuran la sostenibilidad de la posición externa, el nivel adecuado de las reservas internacionales y el acceso favorable a los mercados internacionales de capital, además de la solidez de las finanzas públicas y la sostenibilidad de la deuda pública.

Asimismo, el FMI resaltó la fortaleza de los marcos de política monetaria y cambiaria, así como la solidez del sistema financiero mexicano y la eficacia de sus mecanismos de regulación y supervisión.

Aunque el monto disponible se redujo, la Línea de Crédito Flexible conserva su carácter precautorio y complementa las reservas internacionales y los demás instrumentos de protección financiera con los que cuenta el país.

De acuerdo con la SHCP y Banxico, la continuidad de este mecanismo contribuye a fortalecer la confianza en la economía mexicana y preservar la estabilidad macroeconómica y financiera, al tiempo que reafirma el compromiso del país con políticas macroeconómicas responsables, instituciones sólidas y una conducción prudente de la política económica para favorecer la estabilidad y el crecimiento sostenible e incluyente.

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