La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) respondió a las manifestaciones de protesta que realizaron ayer productores de maíz en seis estados del país, mediante el anuncio de un conjunto de apoyos económicos directos a la comercialización.

Estos apoyos estarán dirigidos a productores de los estados de Campeche, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala, informó la Sader, en un comunicado.

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Uno de estos estímulos consiste en un incentivo federal de 950 pesos por tonelada del grano correspondiente al ciclo primavera-verano 2026, el cual se complementará con aportaciones similares de los gobiernos locales.

Con un precio de referencia de 5,226 pesos por tonelada —calculado este martes con una base comercial oficial de 100 dólares—, la ayuda gubernamental permitirá que los agricultores alcancen un ingreso total de 6,176 pesos por tonelada.

Este respaldo económico servirá para fortalecer la economía de las familias campesinas y proteger sus márgenes de ganancia frente a las condiciones adversas y la volatilidad actual de los mercados internacionales.

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Además del incentivo base, quienes comprueben y auditen la venta de su cosecha para consumo del sector pecuario recibirán una ayuda extra de 300 pesos por tonelada destinada a solventar los gastos de flete.

En coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las autoridades otorgarán también financiamientos con tasas de interés reducidas, de hasta 8.5%, subsidios para seguros contra riesgos climáticos o biológicos y coberturas de precios para blindar el valor de la producción.

Respecto al padrón de beneficiarios, el proceso de inscripción efectuado en tres etapas —entre el 17 de agosto y el 10 de octubre de 2026— contabilizó un total de 45,062 agricultores registrados, con un volumen estimado de 3.2 millones de toneladas, cifra que supera en 9% al ciclo previo y cuyo pago caerá de forma directa en las tarjetas del Banco del Bienestar.

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Como se informó, organizaciones campesinas realizaron ayer bloqueos carreteros y protestas en seis entidades federativas, para reclamar una serie de acuerdos incumplidos con la Sader, que acusaron pone en riesgo su actividad.

GC