La inversión extrajera no ha cancelado de momento proyectos productivos en el país, a causa de la reforma al Poder Judicial, pese a que ha despertado, críticas, inconformidad y movilizaciones de protesta.
Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía, aseguró que las empresas extranjeras han confirmado sus planes de trabajo en México e incluso, se advierte un repunte en los flujos de inversión directa.
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“Lo que nosotros vemos desde la Secretaría de Economía en el caso de las trasnacionales que vienen, porque tienen que hacer los registros de inversión, no vemos ningún detenimiento (freno) en las inversiones, al contrario, hay mucha confianza y siguen llegando”, dijo la funcionaria.
En la presentación de un informe sobre nuevas empresas con negocios en internet, Raquel Buenrostro dijo que, a pesar de estar cerca el cierre de la presente administración, todavía hay empresas que piden citas con ella para conversar sobre posibles proyectos de inversión.
Desde junio pasado, cuando el Congreso de la Unión comenzó a discutir el proyecto de reforma laboral, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Mexicano de Negocios (CNM), entre otras organizaciones del sector privado mexicano, han manifestado sus preocupaciones por los riesgos que puede implicar la reforma constitucional al Poder Judicial, para la vigencia del Estado de derecho y la certeza jurídica.
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El foco de mayor interés está en la posible designación de jueces, magistrados y ministros a través de un proceso de elecciones abiertas a la población, así como la flexibilización de los requisitos para los aspirantes a esos cargos.
Asimismo, la Cámara Internacional de Comercio, capítulo México (ICC México) y las representaciones de las cámaras Americana y Canadiense de Comercio (AmCham) y (CanCham) han expresado sus inquietudes respecto a la posibilidad de que la reforma judicial pudiese ir en contra del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y otros acuerdos internacionales.
Sin embargo, Raquel Buenrostro restó importancia a los cuestionamientos y temores del sector privado, al asegurar que tienen motivaciones “ideológicas”.
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“Los comentarios obedecen no a una posición económica, sino a una posición en todo caso ideológica y que parte del desconocimiento, porque las preocupaciones que muchas veces se manifiestan no es exacta de la iniciativa de ley”, dijo la funcionaria.
Como se ha informado, la reforma constitucional al Poder Judicial —que disolverá al actual pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para sustituirlo por nuevos integrantes— ya fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados.
El dictamen correspondiente fue turnado para que la 66 Legislatura del Congreso de la Unión, que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre, comience el proceso de debate y análisis, con la intención de lograr la aprobación del proyecto en la primera quincena del próximo mes.
GC
