México registra una cobertura eléctrica nacional de 99.85%, pero aún existen 8,247 localidades sin el servicio, una brecha que el gobierno federal pretende cerrar casi por completo en el actual sexenio para alcanzar una cobertura de 99.99% en 2028.
Actualmente, alrededor de 50 millones de usuarios tienen energía eléctrica en el país; sin embargo, 739,785 personas permanecen fuera de la red de suministro, principalmente en comunidades rurales apartadas.
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En la conferencia de prensa diaria de Presidencia de la República, Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que la meta de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consiste en ejecutar 45,182 obras de electrificación entre 2024 y 2028 para incorporar a ese segmento al servicio eléctrico.
La funcionaria explicó que el programa considera una inversión de 21,377 millones de pesos (mdp) y forma parte de la estrategia de justicia energética impulsada por el gobierno federal.
En ese contexto, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, recordó que la reforma energética aprobada en 2024 incorporó por primera vez el concepto de “justicia energética”, con el propósito de garantizar el servicio de energía eléctrica como un derecho vinculado al bienestar de la población.
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En este 2026, la CFE prevé ampliar el servicio eléctrico en comunidades incluidas en distintos planes de “justicia social y regional”.
Entre ellos figura el Plan de Justicia al Pueblo Seri, con una obra y una inversión de 1.2 mdp; el Plan Villa Juárez, con tres obras y 2.8 mdp; el Plan de Justicia San Quintín, con 30 obras y 86 mdp; el Plan Michoacán, con 765 obras y 304 mdp; el Plan de Justicia Sierra Tarahumara, con 918 obras y 670 mdp, además de 1,520 obras en comunidades de pueblos originarios con recursos por 670 mdp.
En su conferencia “mañanera”, Sheinbaum Pardo explicó que las soluciones para ampliar la cobertura eléctrica dependen de las características de cada región.
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En comunidades aisladas de Durango y Chihuahua se utilizan sistemas fotovoltaicos que permiten suministrar energía donde resulta inviable extender las redes convencionales.
En asentamientos urbanos irregulares, la estrategia combina procesos de regularización territorial con la instalación de infraestructura eléctrica formal.
La mandataria destacó que una parte relevante del programa se concentrará en pequeñas localidades dispersas del centro y sur del país, así como en algunas regiones del norte, con el objeto de garantizar abasto universal a la electricidad y consolidar la política de “justicia energética” al cierre del sexenio.
GC





