El gobierno de México informó que, a través de la Secretaría de Economía (SE), impugnará el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a favor de Odyssey Marine Exploration, empresa a la que tendría que indemnizar con 37.1 millones de dólares.
El pasado 17 de septiembre, la mayoría del tribunal internacional administrado por CIADI emitió el laudo a favor de la empresa estadounidense, que obliga al gobierno mexicano a pagar dicha compensación.
Lo anterior, luego de que entre 2016 y 2018, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le negó un permiso para el proyecto de dragado marino en Baja California Sur.
La obra consistía en un dragado marino, a una distancia de 12 millas marinas del punto más cercano a la costa en un área de 61 mil 989.2 hectáreas, con el fin de extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas para su transporte.
En el proceso de arbitraje México argumentó que el proyecto afectaba un lugar ecológicamente sensible en el que habita la tortuga caguama, ballenas azules y grises, y lobos marinos, entre otros.
Igualmente, presentó evidencia que demostraba la falta de experiencia de la empresa en el sector minero, ya que su actividad principal es la búsqueda de tesoros marinos. Además, se expuso que las técnicas de dragado marino que Odyssey quería implementar no habían sido puestas en práctica en ningún lugar en el mundo.
Según la Secretaría de Economía, aún con los fundamentos, el Tribunal dio un “peso desproporcionado” a las declaraciones de dos exdirectivos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat presentados como testigos por parte de Odyssey, quienes declararon que la negación del permiso se debió a situaciones políticas y no científicas.
“La defensa de México también demostró que ambos testigos incurrían en conflictos de interés al recibir pagos cuantiosos por testificar, lo cual no fue tomado en cuenta por la mayoría del tribunal”, aseveró la dependencia, misma que resaltó que, entre los tres árbitros hubo una postura disidente.
Dicho juzgador criticó que “las preocupaciones ambientales razonables y serias de México fueron ignoradas deliberadamente por la mayoría del tribunal”. Además, concluyó: no puedo dejar de expresar la opinión de que este laudo inédito e inquietante es novedoso e innovador en el peor de los sentidos.
“Debido a las serias deficiencias de la resolución, y considerando las críticas expuestas por el árbitro disidente, la Secretaría de Economía iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes. Asimismo, el Gobierno de México hará valer todos los medios de defensa posibles.
“El Gobierno de México reitera que no permitirá que se sigan priorizando proyectos que favorezcan a grupos minoritarios en detrimento de nuestros recursos naturales y defenderá en todo momento su soberanía por el bien de todas y todos los mexicanos”, concluyó.
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