El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) manifestó su preocupación por la extinción de siete organismos constitucionales autónomos, ya que esta acción constituye una forma de concentración del poder en el gobierno federal.
Asimismo, la desaparición de los organismos autónomos supone una menor rendición de cuentas de las instituciones de gobierno ante la sociedad, por lo cual existe el riesgo de que se tomen decisiones arbitrarias y bajo la sombra de la corrupción.
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Como se ha informado, la Cámara de Diputados aprobó la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Todas las funciones y facultades que ejercen estas instituciones serán transferidas a las secretarías de Estado correspondientes.
Asimismo, el dictamen —que ya fue aprobado en lo particular y está en proceso de ser votado en lo particular— establecía originalmente la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), pero tras hacerse una serie de valoraciones, estos dos organismos autónomos se fusionarán en un solo organismo, para identificar las posibles prácticas monopólicas en la economía mexicana.
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Además, el nuevo organismo resultante operará como una institución desconcentrada de la Secretaría de Economía, con independencia técnica pero no constitucional.
Ante esta situación, el Imco refirió en un análisis que esta reestructuración administrativa tiene graves riesgos para el funcionamiento correcto y fluido de la economía y la certeza jurídica que demandan los actores económicos a la hora de hacer negocios o emprender proyectos de inversión.
“Existe un riesgo que las decisiones de competencia, al originarse desde el Ejecutivo, carezca de la imparcialidad necesaria que exige su naturaleza”, advirtió el Imco.
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“Esto puede erosionar el clima de inversión y la certeza de las empresas sobre la existencia de órganos que emiten fallos basados en técnica y no en intereses articulares”, aseguró el Instituto.
En este sentido, existe el grave riesgo de que el gobierno federal actúe como juez y parte en el sector energético, ya que al incorporarse la CRE y la CNH a la Secretaría de Energía (Sener), se perderá el concepto de independencia con el que los agentes reguladores del sector energético deben tomar decisiones.
El gobierno mexicano es el proveedor preponderante de energía, a través de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero al mismo tiempo el gobierno será el regulador que decidirá sobre otorgamiento de permisos y autorización de tarifas y precios.
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De esta manera, las empresas privadas quedarán en una situación de desventaja, lo cual puede constituir una violación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
GC
