Ante una eventual aprobación de la reforma eléctrica, que implica modificar el marco legal vigente de inversión de las empresas privadas del sector, México tendrá que enfrentar “los costos y las consecuencias”, aseguró José Ángel Gurría Treviño, exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En el foro Encuentro por México 2021, Gurría Treviño –quien hasta fines de mayo cumplió un periodo de 15 años al frente de la OCDE— hizo ver que los inversionistas privados, nacionales y extranjeros toman en consideración varios factores para establecerse en un país, lo que abarca estabilidad política y social, así como el marco legal, las regulaciones y el Estado de derecho.
Sin embargo, en caso de que un país considere apelar a sus derechos soberanos para cambiar su marco regulatorio, como en el caso de la reforma eléctrica, tendrá que aceptar que estas modificaciones generarán responsabilidades que será necesario cumplir ante los inversionistas.
“Si (los gobiernos) quieren cambiar para atrás, entonces nada más hay de una, que se tienen que respetar los acuerdos ya suscritos y por lo tanto se tienen que pagar los costos ya incurridos de las empresas. Entonces, habrá consecuencias legales y financieras que habrá que afrontar”, dijo José Ángel Gurría, quien también ha sido secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores de México.
Como se ha informado, el proyecto de reforma eléctrica del gobierno federal pretende cancelar los contratos con empresas privadas que participan en la generación y distribución de electricidad, así como limitar su participación a una porción de 44% del sector.
En el foro, que fue organizado este jueves por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gurría Treviño también se refirió a la fortaleza económica del gobierno federal, el cual dijo que en realidad “es un gobierno chiquito”.
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En su argumentación, el exfuncionario comentó que la recaudación fiscal mexicana equivale a 13% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que se eleva a 17% al agregarse los ingresos petroleros. Sin embargo, el promedio de los países miembros de la OCDE es de 34% como proporción del PIB.
En ese sentido, Gurría Treviño destacó que la baja recaudación de ingresos públicos de México constituye un factor que le impide al gobierno reforzar la oferta de servicios a la población, como educación, salud e infraestructura de comunicaciones.
“El promedio de ingresos de los países de la OCDE es de 34% o el doble del dinero en manos del gobierno de México para llevar todos los servicios básicos a la población, así como Francia o Dinamarca tienen ingresos de 50% como proporción de su PIB para gastar en toda su economía”, comentó Gurría Treviño.
El exfuncionario fue más allá al señalar a las autoridades de la presente administración por no emprender acciones específicas en aras de fortalecer los ingresos públicos y de esa forma disponer de mayores recursos para atender a la población.
“Si le suman que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) y los sucesivos secretarios de Hacienda, ahora el señor (Rogelio Ramírez) de la O, (Arturo) Herrera, (Carlos) Urzúa que son responsables desde el punto de vista fiscal, quiere decir que no quieren aumentarle mucho a la deuda y seguir con su 17%, un gobierno chiquito, no pueden hacer cosas”, lamentó Gurría Treviño, ante empresarios, inversionistas y público en general. (Con información del diario El Universal)
GC