La política del gobierno mexicano en relación con el maíz genéticamente modificado no afecta la situación de los productores de maíz de Estados Unidos, pero el gobierno norteamericano sí transgrede a México con la apertura de un periodo de consultas técnicas, conforme al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), para discutir sus disposiciones sobre el maíz.

Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura (Sader), cuestionó este jueves que el gobierno norteamericano haya solicitado, el pasado 6 de marzo, la apertura de una etapa de consultas técnicas para abordar los alcances de un decreto del gobierno mexicano, en el sentido de prohibir el uso del maíz genéticamente modificado o transgénico para consumo humano, aunque sí lo permite para consumo animal y uso industrial.

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El decreto en cuestión se publicó el pasado 13 de febrero, mismo que también elimina del mercado mexicano el uso del glifosato como herbicida de los cultivos del país. Este decreto reemplazó otro, publicado en diciembre de 2020, que era todavía más estricto al prohibir totalmente el uso del maíz genéticamente modificado en le país.

En una videoconferencia, el funcionario dijo que, detrás de estas inquietudes, se encuentran “los intereses oligopólicos” de grandes empresas de la industria agroalimentaria, pero no así directamente de los productores de maíz estadounidenses.

Víctor Suárez –considerado un integrante del ala “radical” del gobierno— señaló que empresas como Bayer, Syngenta y BASF son las impulsoras de las quejas de Estados Unidos contra México sobre el decreto del maíz genéticamente modificado.

En sus argumentos, el funcionario dijo que, más allá las políticas agrícolas de México, lo que realmente afecta a los productores de maíz de Estados Unidos, sobre todo los pequeños, son las mismas políticas sectoriales del gobierno de ese país.

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“La política de autosuficiencia y el decreto presidencial no afecta de ninguna manera a los productores de maíz de Estados Unidos”, aseguró Víctor Suárez.

En su opinión, “el deterioro económico” que enfrentan los maiceros norteamericanos se debe principalmente “al modelo de desarrollo agroalimentario que distorsiona precios y genera brechas entre los productores familiares”.

El decreto del gobierno mexicano sobre el maíz transgénico tiene la intención de proteger las variedades nativas del grano en el país y la salud humana, al considerar que los alimentos genéticamente modificados pueden causar daños.

Sin embargo, el gobierno estadounidense pidió la apertura del proceso de consultas técnicas, con el argumento principal que la disposición del gobierno mexicano va en contra de los capítulos del T-MEC y contra el concepto de seguridad alimentaria, en la medida en que pretende impedir el uso de la biotecnología para producir alimentos suficientes en la región de América del Norte.

También rechazó que exista evidencia científica sobre los supuestos daños de los alimentos genéticamente modificados a la salud humana.

Unos días después, el gobierno de Canadá secundó a Estados Unidos al adherirse a la petición de apertura de consultas técnicas. (Con información de Reuters y Reforma)

GC