La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) hizo un llamado al gobierno federal y a los legisladores a eliminar el término de cabotaje de las iniciativas de reforma a la Ley de Aviación Civil que la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó.
En un posicionamiento, la industria aérea reiteró que dar luz verde a que las aerolíneas extranjeras realicen vuelos de cabotaje provocará daños “irreversibles” para el sector y para los mexicanos en general.
La advertencia se produce luego de que el 28 de marzo pasado, el Ejecutivo Federal presentó una nueva iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones diversas, incluyendo la Ley de Aviación Civil, en materia de protección del espacio aéreo mexicano.
El proyecto retoma el tema del cabotaje contenido en otra iniciativa presentada en diciembre y que sigue sin resolverse en el Congreso “por lo controversial que es para el bien común afectar la conectividad aérea y el turismo, sectores fundamentales para la economía del gobierno y de los mexicanos”.
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La Cámara alertó que la nueva propuesta “provocaría un daño probablemente irreversible”, mismo que ha sido argumentado “de la manera amplia por decenas de expertos de la industria ante las autoridades”.
“La Canaero celebra la iniciativa del Ejecutivo Federal en favor de hacer los cielos de México más seguros, pero reitera que entregar el territorio aéreo nacional a extranjeros para que realicen vuelos domésticos, sería una decisión devastadora para la competitividad del país”, agregó.
A inicios de marzo, la organización advirtió que aprobar la primera iniciativa, en la que se incluyó el termino cabotaje, afectaría “grave e históricamente” a los mexicanos, pues los precios de los boletos de avión se incrementarán y muchas empresas relacionadas a este sector se irán a la quiebra.
Igualmente, resultarán dañados los ingresos del gobierno, pues con el cabotaje, las empresas extranjeras tributarían en sus países, mermando la recaudación de impuestos y, en consecuencia, los recursos para hacer frente a servicios públicos a cargo del Estado.
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