El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que otorgarle a la Secretaría de la Función Pública (SFP) las facultades para ejecutar y fiscalizar las compras públicas, de forma simultánea, podría implicar un conflicto de interés.
El posicionamiento se produce luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa que plantea transferir a la dependencia la facultad para consolidar las contrataciones federales de bienes y servicios con el objetivo de garantizar mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad.
El proyecto también propone que la SFP participe en las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con compras del sector público para hacer más eficientes los procesos y asesorar a las dependencias en el cumplimiento de la ley en la materia.
De acuerdo con IMCO, la consolidación de compras de bienes y servicios es un mecanismo efectivo para asegurar una planeación adecuada, abasto suficiente y ahorros en el sistema de compras a largo plazo; sin embargo, esto es sólo si hay una coordinación correcta.
“La iniciativa puede ser benéfica al volver menos costosos y más eficientes los procesos de compras públicas, así como permitir que la SFP retome el control de la plataforma Compranet. Esto significaría mayor vigilancia sobre las compras públicas, una de las áreas más vulnerables a actos de corrupción en cualquier administración pública”, destacó el Instituto.
No obstante, también apuntó que otorgarle de manera simultánea a la SFP las facultades para ejecutar y fiscalizar las compras públicas podría implicar un conflicto de interés, por lo que es fundamental separar ambas funciones de manera efectiva.
Por lo anterior, el IMCO propuso identificar las necesidades de compra de las dependencias y promover la coordinación entre la SFP y las instituciones para solicitar los bienes y asegurar las mejores prácticas en materia de centralización de compras.
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