El gobierno federal exhortó a 22,352 empresas a regularizar su cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, porque de no hacerlo podrán perder su inscripción en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse).
El Repse tiene registradas a las empresas autorizadas para prestar obras y servicios especializados a otras empresas o bien a las entidades de gobierno, después de que en el sexenio pasado se aprobó la reforma laboral que desapareció la figura de subcontratación de personal o “outsourcing”.
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Como se recordará, las empresas que están dadas de alta en el Repse deberán ofrecen servicios que no tengan ninguna relación con la actividad preponderante de sus clientes.
Para continuar como prestadoras de obras y servicios especializados, las compañías registradas en el Repse deberán cubrir cabalmente con sus obligaciones fiscales y con la seguridad social, porque de esa manera demostrarán que el personal a su cargo trabaja con pleno respeto a sus derechos laborales.
Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que administran el Repse, identificaron a 22,352 empresas que tienen “una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social distinta a la positiva”, informaron las dos instituciones en un comunicado conjunto.
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Por lo anterior, se les envió un exhorto a dichas empresas en los últimos días de enero pasado, para que revisen su situación y acudan a la subdelegación del IMSS que les corresponda para hacer las aclaraciones correspondientes.
“El incumplimiento de las obligaciones fiscales o de seguridad social es una causal de cancelación del registro Repse y puede ser motivo de sanciones fiscales”, advirtió el comunicado.
La reforma en materia de subcontratación laboral desapareció esta figura, al considerar que el sector privado abusó de ella para evadir sus obligaciones patronales en materia fiscal y de seguridad social.
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Con las listas del Repse, el gobierno federal esperaba tener un mejor control de las empresas que ofrecen servicios de tercerización al sector público o al privado, de ahí las revisiones periódicas de cumplimiento para identificar a los que están en falta.
GC
