Grupo México, del empresario Germán Larrea Mota Velasco, consideró que carece de fundamento la petición del gobierno de Estados Unidos a sus pares de México para revisar la situación laboral de la Mina San Martín, ubicada en Zacatecas –que estuvo en huelga 11 años—, por presuntas violaciones a los derechos de libertad de asociación y contratación colectiva.
A casi una semana que la oficina del Representante Comercial del gobierno de Estados Unidos pidió al gobierno mexicano que intervenga en el caso de la Mina San Martín, Grupo México envió este miércoles un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para explicar que, detrás de la acusación laboral, están los intereses de Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), con quien la empresa ha tenido conflictos en el pasado.
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Como se informó, el pasado 16 de junio, la oficina del Representante Comercial apeló al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), para pedir formalmente al gobierno mexicano que revise la situación de la Mina San Martín, de Industrial Minera México –empresa de Grupo México—, con lo que se convirtió en la 11 acusación laboral dentro del T-MEC contra nuestro país.
El argumento de la denuncia del gobierno estadounidense consiste en que Grupo México violó el derecho de huelga al haber terminado un movimiento huelga, que el SNTMMSSRM estalló en 2007, y que también atentó contra el derecho a la contratación colectiva, al haber firmado un nuevo contrato colectivo con otra agrupación obrera, de nombre Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas en la República Mexicana (SNTEBMRMIRM).
Según el gremio de Gómez Urrutia, el SNTMMSSRM tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo y la representación legal de los trabajadores.
Sin embargo, Grupo México explicó que los trabajadores de la unidad minera ejercieron libremente sus derechos laborales, porque ellos fueron quienes decidieron desligarse del Sindicato de Gómez Urrutia y reanudar labores en Mina San Martín, bajo la representación legal de otro gremio. Los trabajadores eligieron a su nueva dirigencia en una asamblea en 2018.
“El levantamiento de la huelga ordenada por Gómez Urrutia que mantuvo cerrada por más de 11 años la unidad minera San Martín fue consecuencia de la decisión libre y mayoritaria de sus trabajadores, quienes en agosto de 2018 decidieron mediante asamblea, con votación libre, directa y secreta: renunciar a la representación del sindicato liderado por Gómez Urrutia, levantar la huelga y reincorporarse de manera inmediata a sus puestos de trabajo”, aseguró la compañía en su comunicado.
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Asimismo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) constató en su momento la legalidad de la asamblea y sus resultados, lo que certifica que se han respetado los derechos de libertad sindical y contratación colectiva, agregó Grupo México.
En este sentido, el grupo empresarial consideró que Napoleón Gómez y su organización acudieron a las autoridades norteamericanas para exponer un caso que no tiene razón de ser y que en el fondo intenta proteger al líder minero de resoluciones judiciales en su contra y de promoverlo políticamente, con miras a las elecciones federales de 2024.
“Gómez Urrutia presentó dicha queja con dos motivos: el primero, crear y mediatizar un nuevo pretexto para ignorar el laudo definitivo que lo condena a pagar 55 millones de dólares (mdd), más rendimientos acumulados desde 2005, a extrabajadores mineros de Cananea”, refirió el comunicado, en referencia a la vieja acusación contra Gómez Urrutia, por no haber repartido ese dinero entre los extrabajadores de Cananea.
“El segundo motivo es mostrar que (Gómez Urrutia) es capaz de generar conflictos y presionar para obtener un nuevo espacio político, al término de su periodo como legislador, y mantener así el respectivo fuero que lo protege de acciones legales derivadas de las imputaciones de incumplimientos y delitos que enfrenta”, agregó Grupo México.
El conglomerado industrial se comprometió a mantenerse atento a las peticiones de información que le hagan las autoridades mexicanas, para atender la solicitud del gobierno estadounidense y de esta manera desahogar la denuncia laboral.
GC
