El gobierno federal publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la Ley de Inversión Extranjera, la cual exige que los inversionistas foráneos interesados en adquirir compañías mexicanas cumplan un procedimiento de revisión para verificar que la operación no afecte la seguridad nacional.
Lo anterior aplica sobre todo de ramas estratégicas como inteligencia artificial, centros de datos, energía, transporte, salud, comunicaciones, minería, semiconductores, ciberseguridad, robótica, biotecnología, defensa e industria aeroespacial.
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Con entrada en vigor este viernes 20 de noviembre, la modificación crea el artículo 30 Bis y el Título Sexto Bis para establecer un mecanismo formal de escrutinio antes de concretar adquisiciones corporativas relevantes, sin prohibir de antemano el ingreso de empresas extranjeras al país.
El nuevo filtro obliga a la empresa mexicana y al comprador extranjero a presentar de manera conjunta una solicitud de autorización ante la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), instancia que tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles para emitir un dictamen.
Para que una operación quede sujeta a este trámite obligatorio, deberán reunirse de forma simultánea tres condiciones principales.
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• Participación accionaria: el inversionista extranjero pretenda adquirir, directa o indirectamente, más de 49% del capital social de la sociedad mexicana.
• Umbral de activos: el valor de los activos de la empresa nacional supere el monto mínimo que publicará la CNIE a más tardar el 18 de mayo de 2027, dentro de un plazo legal de 180 días naturales. Si no rebasa dicha cifra, la solicitud de revisión será voluntaria.
• Giro estratégico: las actividades de la compañía involucren infraestructuras físicas o virtuales clave, tecnologías críticas o de doble uso (cuántica, nuclear, nanotecnología o almacenamiento energético), suministro de materias primas e insumos fundamentales, seguridad alimentaria o manejo de información personal sensible.
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Al analizar cada expediente, la autoridad revisará posibles riesgos o amenazas contra la soberanía, las cadenas de abasto esenciales, la infraestructura crítica y la protección de datos personales de la población.
Tras el análisis, la CNIE podrá declarar viable la compra, aprobarla sujeta a modificaciones y reportes periódicos para mitigar riesgos, o impedir la transacción por completo; además, en materia de seguridad nacional no aplicará la afirmativa ficta, por lo que el silencio de la autoridad jamás equivaldrá a una autorización automática.
El decreto amplía la integración de la CNIE con representantes de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, además de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
En sesiones de seguridad nacional participarán como invitados permanentes con voz, pero sin voto, funcionarios de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, mientras la Comisión entregará informes semestrales de gestión al Congreso de la Unión.
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Las sociedades mexicanas que transfieran acciones sin autorización previa, tras una negativa o sin acatar medidas de mitigación enfrentarán multas de 5,000 a 200,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) —equivalentes hoy a entre 586,550 pesos y 23.46 mdp—, además de posibles órdenes de desinversión forzosa a ejecutarse en 90 días hábiles.
GC





