El gobierno federal exhortó a ejidatarios de la comunidad agraria de Témoris, ubicada en Chihuahua, a liberar el gasoducto que tienen bloqueado y que pertenece a la empresa TC Energy.
Desde hace seis semanas, la comunidad agraria bloqueó la válvula del gasoducto, como una medida de presión por un conflicto con la compañía por el pago de una indemnización, que ya fue ordenada por un Tribunal Agrario, y que presuntamente todavía no se ha cumplido.
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“Vamos a trabajar coordinados por la Secretaría de Gobernación (Segob), vamos a tratar que haya un arreglo lo más pronto posible y se complemente la indemnización tal y como la instruyó el Tribunal Agrario. Les pediría, no es condicionante, que liberemos la válvula”, solicitó Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación.
Lo anterior, porque “ponemos en riesgo el abastecimiento de gas natural, habría que suspender la energía eléctrica de las comunidades de Sinaloa y Sonora y poniendo en riesgo la vida de los propios habitantes de la comunidad”, agregó el funcionario.
En la conferencia de presa de todas las mañanas de Presidencia de la República, López Hernández explicó que los ejidatarios de Témoris, municipio de Guazapares, cerraron la válvula desde hace seis semanas para demandar que se cumpla el fallo del Tribunal Agrario.
En este sentido, el funcionario instruyó a personal de la Dirección General de Gobierno de Segob para acudir hoy mismo al lugar del conflicto, con el propósito de entablar una mesa de diálogo en la que se sienten las partes interesadas, incluida la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que utiliza el gas para generar electricidad.
El gasoducto tiene una longitud de 540 kilómetros, que parte de desde El Encino, Chihuahua, hasta Topolobampo, Sinaloa, y que en su trayecto cruza por Témoris.
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Desde 2015, los ejidatarios demandan que se cancelen las escrituras y los contratos de TC Energy relacionados con el gasoducto, al considerar que fueron expedidos con irregularidades y violaciones a las legislaciones en materia agraria y medioambiental, entre otras.
El asunto se ha desahogado en un Tribunal Agrario de Chihuahua, el cual concedió la razón a los quejosos y ordenó a la empresa a celebrar la firma de nuevos contratos y escrituras, conforme a la ley.
Con la intención de llegar a un arreglo, TC Energy ofreció a los ejidatarios el pago de una indemnización, la cual ha sido rechazada por los quejosos por estimar que es insuficiente. En los ocho años que ha durado el conflicto, ha habido intentos de acuerdos pero sin concretarse.
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Los quejosos “mantienen un reclamo por el pago de una indemnización. Hay ya una resolución de tribunales agrarios que obliga a revisar los contratos de ocupación superficial o de derecho de paso, celebrados entre una empresa propietaria del ducto y la comunidad”, comentó López Hernández.
Ante la escalada de reacciones de la comunidad, el funcionario insistió en la necesidad de alcanzar un acuerdo, por los riesgos que representa tener bloqueadas las instalaciones de gas, así como por los daños económicos que implica restringir el abasto del combustible para la generación de electricidad.
GC
