Las familias más pobres son quienes sufrirán más las presiones de la inflación que afectan al país, debido a que destinan la mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos y otros bienes de consumo básico, lo cual exige que las autoridades mexicanas formulen políticas sociales enfocadas en la atención de los sectores más vulnerables de la población.
Actualmente 40.7% de la población nacional carece de ingresos suficientes para adquirir una canasta básica, de modo que con una tasa de inflación que anticipa cerrar el año por arriba de 7%, las familias de escasos recursos “vivirán meses muy complicados” en este fin de 2021 y la primera parte de 2022, advierte Adriana García Hernández, coordinadora de Análisis Económico de la organización México ¿cómo vamos?
En entrevista, la especialista recuerda que la tasa de inflación general alcanzó 7.37% en noviembre pasado a tasa anual, mientras que los precios de los alimentos y bebidas –dos de los bienes de mayor consumo entre la población— reportaron una tasa de inflación de 7.59%, es decir, por encima del nivel general de precios del país.
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Lo anterior implica que, sin duda, los hogares más pobres verán rendir menos su dinero, sobre todo en un momento en el que el país se acerca al periodo invernal. En este sentido, las políticas sociales del gobierno federal tienen que activarse más que nunca para evitar que más mexicanos caigan en “trampa de la pobreza”, advierte Adriana García.
El Banco de México (Banxico) ha intervenido en la economía al aumentar la tasa de interés y de esa forma contribuir a reducir la inflación, “pero hay un límite en la política monetaria”.
En este sentido, “podemos usar la política fiscal para hacer una transferencia por el valor de la canasta básica alimentaria para quienes están en condición de pobreza extrema”, propone Adriana García, quien recuerda que actualmente 10.8 millones de mexicanos viven en pobreza extrema, con base en datos al año 2020.
La experta reconoce que México “tiene un espacio fiscal pequeño” por su baja recaudación de impuestos, pero considera que las transferencias de dinero a los hogares más pobres pueden aplicarse de manera temporal y sin comprometer el balance público.
“Como estamos previendo que las presiones inflacionarias son un fenómeno transitorio, el programa de transferencias se puede aplicar cuatro o seis meses y lo puede hacer el Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Hacienda, pidiendo una reasignación del presupuesto 2022 sin alterar las finanzas públicas”, expone García Hernández.
Existen fuentes para una eventual reasignación presupuestal como pueden ser los presupuestos para la construcción del Tren Maya o de la Refinería de Dos Bocas, mismos que deben entregarse a la población más vulnerable.
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Lo importante, es evitar que “más mexicanos caigan en la trampa de la pobreza y que no perdamos generaciones en capital humano”, advierte la experta.
Adriana García insiste en la necesidad de que los programas sociales estén debidamente focalizados para que tengan el efecto esperado. “Tenemos que evitar los programas sociales de carácter universal, porque no necesariamente llegan a las familias más necesitadas”.
GC
