El gobierno de México continúa en conversaciones con sus contrapartes de Estados Unidos, para dar seguimiento a las inconformidades que ha despertado entre empresas norteamericanas la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así lo aseguró Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía, ante empresarios mexicanos y estadounidenses que asistieron a la 106 Asamblea General de la American Chamber México (AmCham).
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La agencia Reuters publicó este lunes un reporte en el sentido que el gobierno de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, considera establecer un “ultimátum” a México para alcanzar un acuerdo en torno a su política energética.
De no alcanzarse un entendimiento negociado entre las partes, entonces el gobierno norteamericano solicitará la apertura de un panel de solución de controversias para abordar el asunto, conforme a las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Raquel Buenrostro explicó que el diferendo sobre energía con Estados Unidos, que se quedó en etapa de consultas técnicas, se dividió en cuatro bloques: diésel y azufre en gasolinas; trámites; la operación de un ducto y las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.
Hasta el momento, ya se ha logrado avanzar y se han presentado propuestas de solución en tres de esos cuatro bloques, mientras que uno sigue pendiente.
Sin embargo, la funcionaria mexicana explicó que el gobierno de Estados Unidos quiere abordar los cuatro bloques “de manera integral”, en lugar de avanzar por separado.
“Se puso solución a Estados Unidos para poder liberar tres de los bloques, pero no hemos podido tener reuniones con ellos; quieren verlo de manera integral”, comentó Raquel Buenrostro, en relación con la situación de la disputa en materia energética.
De manera que, a la fecha “no se ha solucionado ninguno (de los bloques) porque se resuelven en paquete”, agregó la funcionaria.
En la asamblea de AmCham, Raquel Buenrostro expuso que el bloque específico sobre la Ley de la Industria Eléctrica sigue en proceso de análisis pero que, a la fecha, se encuentra bajo diversas impugnaciones de los privados en el Poder Judicial.
“Les estamos dando seguimiento (a las quejas sobre electricidad), pero estamos trabajando con la ley de 2014”, aclaró la funcionaria.
Como se sabe, el gobierno de López Obrador realizó una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en el año 2021, que restringe la participación de los privados en el mercado mexicano, misma que fue objeto de solicitudes de amparo y de suspensiones que concedieron juzgados federales.
Al año siguiente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió la constitucionalidad de dichas reformas, pero su fallo no fue contundentemente en contra, ya que no se pudieron conseguir los ocho de 11 votos necesarios para declararlas como una norma abiertamente inconstitucional.
En este sentido, no queda claro que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de López Obrador ha quedado jurídicamente derogada, lo cual constituye un elemento de preocupación para los inversionistas nacionales y extranjeros. (Con información del diario El Universal)
GC
