El gobierno de Estados Unidos pretende establecer “un ultimátum” al gobierno mexicano en las próximas semanas, en aras de alcanzar un acuerdo que permita superar las diferencias entre ambos por la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En caso de no alcanzarse un entendimiento entre las partes, la administración del presidente estadounidense Joe Biden tomará la decisión de convocar a un panel de solución de controversias, bajo las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), según un reporte de la agencia Reuters, que cita a fuentes conocedoras de la situación.
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La oficina del Representante Comercial del gobierno norteamericano tiene la intención de presentar “una última oferta” a sus contrapartes mexicanos, con la intención de garantizar que se abra su mercado energético a la inversión estadounidense y también convenir una forma de “supervisión”, según el reporte de Reuters.
De esta manera, Estados Unidos pretende sacar del “estancamiento” la disputa que existe entre ambos gobiernos, y a la que se agregó Canadá, por la política energética de México, que se quedó en etapa de consultas técnicas, una primera instancia legal que permite el T-MEC para resolver conflictos comerciales entre los socios del Tratado, por la vía del diálogo y la negociación.
Biden, bajo presión de legisladores y empresas
La apertura de un panel de solución de controversias representa una instancia superior, de tipo contencioso, en la que debe intervenir un grupo de expertos quienes, en forma parecida a un juicio, tendrán que escuchar los argumentos de las partes y definir quién tiene la razón, con base en lo que dice el T-MEC.
En julio de 2022, el gobierno de Estados Unidos solicitó a México la apertura de la etapa de consultas sobre la política energética, un proceso al que posteriormente se adhirió Canadá, que también ha manifestado sus inquietudes.
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El gobierno de Joe Biden está bajo la presión de legisladores federales de los partidos Demócrata y Republicano, quienes exigen a la administración central actuar con más contundencia ante México, al considerar que la política energética de López Obrador es injusta para las empresas de Estados Unidos.
La etapa de consultas por el caso energético concluyó en diciembre de 2022, sin que ninguno de los dos gobiernos diera a conocer avances o algún acuerdo entre las partes.
Se esperaba que, en enero de 2023, con motivo de la reunión Cumbre de Líderes de América del Norte —que se efectuó en la Ciudad de México—, López Obrador y Biden informaran sobre las conclusiones del proceso de consultas y de los posibles convenios a los que hayan llegado para superar el diferendo en materia de energía, lo cual no ocurrió.
Las razones de fondo
Las inconformidades de Estados Unidos se deben a que el gobierno de López Obrador ha revertido en los hechos la reforma energética aprobada en el sexenio pasado, que permitió la participación directa de empresas privadas de hidrocarburos en toda la cadena del sector y que también abrió el mercado mexicano a la participación de privados en la industria eléctrica.
Sin embargo, el gobierno lopezobradorista ha emitido diferentes decretos y disposiciones que restringen las nuevas solicitudes o la renovación de permisos a los distribuidores y almacenadores de hidrocarburos del sector privado, además de que ha cambiado los términos de los contratos para las petroleras que se adjudicaron la explotación de campos petroleros.
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Asimismo, se cancelaron las subastas eléctricas y se han terminado o bien se han modificado los contratos de las empresas privadas —principalmente de energías renovables— que producen electricidad para vendérsela a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Todo esto, acusan las empresas y legisladores estadounidenses, constituyen políticas encaminadas a proteger indebidamente a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a CFE, en perjuicio de las compañías privadas.
López Obrador ha dicho que su gobierno está dispuesto a responder en las instancias correspondientes lo relacionado con su política energética.
Hace dos semanas, el Instituto Norteamericano del Petróleo (API), la Asociación Nacional de Manufactureros (NAM) y la Asociación Americana de Energía Limpia (ACPA), todas de Estados Unidos, enviaron una carta a la representante Comercial del gobierno norteamericano, Katherine Tai, para pedirle “continuar adelante con las acciones encaminadas a hacer a México responsable de su discriminatoria política energética”.
Las organizaciones acusaron a México de atentar contra la “competitividad económica” de América del Norte, por “aplicar una política discriminatoria (…) que obstaculiza la inversión del sector privado, amenaza a las compañías estadounidenses y a sus trabajadores, además de que socava la integración energética” en la región. (Con información de Reuters)
GC
