La buena percepción del actuar de los diferentes niveles de gobierno, por parte de la Iniciativa Privada, disminuyó 11% este año en comparación con 2016, dejándola en 4%, indicó el estudio Perspectivas de Alta Dirección en México 2017, realizado por la consultora KPMG. De acuerdo con el documento, el año pasado se llevaron a cabo hechos históricos como la apertura del sector energético y el impulso a las obras de infraestructura;  no obstante, fenómenos económicos y sociales como conflictos gremiales, denuncias de corrupción, violencia e inseguridad, así como la liberación de los precios de los combustibles afectaron la percepción que tienen los directivos sobre el Estado. A pregunta expresa del estudio hacia los 868 empresarios encuestados sobre cómo califican la actuación del gobierno, 30% la evaluó como pésima; 18%, más que en 2016; 38% dijo que era mala; 8%, más que el año pasado, 27% dijo que era regular, y 15%, menos que 2016. En el caso de los diputados, el escenario es un poco más desolador, ya que 45% de los empresarios afirmó que su actuación fue pésima; 22%, más que la encuesta anterior; 40% dijo que era mala; 14%, regular, y sólo 1% dijo que era buena. Para los senadores los resultados fueron similares, ya que 40% de los encuestados afirmó que el papel de estos legisladores fue pésimo; 20%, más que el año anterior; 41% fue malo; 17%, regular, y sólo 2% afirmó que fue bueno, contrario al 7% que habían obtenido en 2016. En tanto, los gobiernos estatales también fueron castigados en esta encuesta, ya que su actuación fue calificada por 45% de los encuestados como pésima; 19%, menos que en 2016; 30% señaló que fue mala; 20%, regular, y 5%, buena. El 52% de los directivos consideraron, además, que la actuación del gobierno tendrá un impacto negativo en  la competitividad de su empresa, mientras que sólo 9% afirmó que este impacto será positivo. De este porcentaje, 32% especifica que la aprobación de las reformas estructurales beneficiarán a sus compañías, 29% dijo que el aumento del consumo interno y 24% afirmó que el incremento de la infraestructura. Respecto al 52% que ve como negativo este impacto, 32% señaló que factores como la extorsión y la inseguridad han incrementado lo cual afecta a su empresa; 20% afirma que hay una disminución del consumo interno, y 18% refiere que es la falta de transparencia. En cuanto al régimen fiscal mexicano, 86% de los empresarios señaló que no consideran que éste promueva la inversión en México, mientras que 14% afirmó que sí lo hace. Asimismo, 11% de los empresarios calificó como pésimo el actual régimen; 38% dijo que es malo; 43% afirmó que es regular, y 8% lo calificó como bueno. En este sentido, 75% consideró que el régimen fiscal debe modificarse con la finalidad de recaudar más con base en gravámenes como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y 25% afirmó que debe quedar igual que hasta el momento. Y ¿qué hay de las reformas? En el caso de la implementación de las distintas reformas estructurales, el estudio destaca que ha habido opiniones encontradas; por un lado, 86% de los encuestados calificó como negativa la implementación de las reforma en materia fiscal, mientras que 67% mencionó que la reforma en telecomunicaciones ha dado resultados concretos en el corto plazo. En el caso de la reforma laboral, 54% ha determinado que el impacto ha sido negativo; en la financiera esta percepción se eleva a 60%, y en la percepción negativa de la energética se elevó a 62%, mientras que en la educativa este porcentaje llegó a 64 por ciento. Con este escenario, en 2016 sólo 30% de los encuestados tiene interés por la implementación de nuevas reformas estructurales, con lo cual, el ajuste regulatorio en materia fiscal parece ser el más necesario, pues 64% considera que no se han cubierto las expectativas.
“Los incentivos fiscales tienen un papel decreciente en la muestra, lo que quizá deba interpretarse en el sentido de que las empresas no esperan pagar menos impuestos, sino tener un régimen más claro, justo y transparente”, detalla el documento.
Por primera vez, el fortalecimiento del Estado de Derecho se convirtió en una de las cinco variables que el país necesita para incrementar la competitividad, con 61% de las respuestas, mientras que el combate a la corrupción se  colocó con 90 por ciento. Cabe mencionar que este estudio lo realizó KPMG a 868 altos directivos de los principales giros industriales del país, como servicios, manufactura, servicios financieros, alimentos y el sector automotriz.