La Fiscalía General de la República (FGR) ha ampliado las investigaciones sobre la presunta red de “huachicol fiscal”, en la que figura la empresa Ingemar y su accionista mayoritario, Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien actualmente enfrenta un proceso penal.

Las indagatorias ya no se concentran únicamente en esa compañía, sino que alcanzan a otras compañías y empresarios que presuntamente participaron en la importación, distribución y comercialización irregular de combustibles.

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“Es una investigación muy profunda y sigue la investigación. No es lo único, no es solamente esta persona”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al explicar que el trabajo ministerial permitió identificar una estructura empresarial más amplia detrás del presunto esquema de contrabando de combustibles.

La mandataria comentó que la investigación comenzó hace más de un año, después del aseguramiento de ferrotanques que cruzaron la frontera sin declarar el volumen de diésel que transportaban.

A partir de ese hallazgo, las autoridades reconstruyeron la ruta del combustible hasta la empresa Ingemar y detectaron la forma en que el producto presuntamente llegaba a estaciones de servicio, lo que abrió nuevas líneas de investigación sobre otros empresarios relacionados con esa red.

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En su conferencia de prensa de todas las mañanas, esta vez desde Morelos, Claudia Sheinbaum explicó que Ernesto Ruffo aparece como principal accionista de Ingemar, compañía dedicada a la importación y distribución de hidrocarburos.

Agregó que la documentación obtenida durante la investigación permitió relacionar a la empresa con un presunto esquema de contrabando de combustibles y evasión de obligaciones fiscales, práctica conocida como “huachicol fiscal”.

Actualmente Ernesto Ruffo y otros siete coacusados están vinculados a proceso penal por su presunta participación en la trama. En una audiencia celebrada ayer, un Juzgado Penal rechazó la solicitud del exgobernador para enfrentar el proceso en prisión domiciliaria, por lo que continuará bajo prisión preventiva. La causa penal también incluye a una mujer entre las personas imputadas por la FGR.

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Claudia Sheinbaum rechazó que el procedimiento contra Ruffo Appel —quien llegó al poder en la década de 1990 abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN)— tenga un trasfondo político. Subrayó que la denuncia presentada contra Ruffo y los otros siete imputados deriva de una investigación sustentada en pruebas y no de diferencias partidistas.

De esa manera, la presidenta respondió al expresidente Vicente Fox Quesada, quien salió en defensa del exmandatario bajacaliforniano, el primer gobernador de la historia reciente de México emanado de un partido de oposición.

“No se vaya a quemar”, contestó Sheinbaum Pardo a Fox Quesada, al insistir en que el expediente se construyó a partir de evidencia recopilada durante más de un año.

GC