El caso de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, que en los últimos días ha confrontado al gobierno federal con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se complica aún más con la presentación de nuevas demandas para rechazar la disposición y la liberación de medidas cautelares que los mismos jueces han otorgado para detener la aplicación de esa orden.
Este lunes, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa otorgó una suspensión definitiva contra el decreto legislativo que desaparece 13 fideicomisos del Poder Judicial federal, como parte del juicio de amparo que interpuso la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).
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Si bien la parte actora del juicio de amparo 1754/2023 es la Jufed, el Juzgado Noveno también decidió otorgar la suspensión definitiva con efectos generales, lo que implica que se protege a quienes se consideren afectados, ya que los recursos involucrados tienen como destino las prestaciones de los empleados del Poder Judicial federal.
La suspensión definitiva significa que de momento no puede cumplir sus efectos la extinción de los 13 fideicomisos, en lo que termina de resolverse en todas sus etapas el juicio de amparo que presentó Jufed.
De manera que los aproximadamente 15,000 millones de pesos (mdp) que integran los fideicomisos todavía no pueden ser entregados a la Tesorería de la Federación.
“Que no se extingan, ni se haga entrega de los fondos, recursos remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los 13 fideicomisos a la Tesorería de la Federación, correspondientes a la SCJN, Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), involucrados en el decreto legislativo reclamado”, refirió Jufed en un comunicado, para explicar las consecuencias de la suspensión definitiva.
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Sin embargo, este es uno de otros juicios de amparo que más abogados que se consideran afectados por la disposición han interpuesto en el mismo Poder Judicial para impedir su entrada en vigor, en un intento por lograr que en el terreno judicial la extinción de los fideicomisos sea derogada.
Mientras tanto, diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron hace unos días una acción de inconstitucionalidad contra la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial.
El recurso se entregó ante el Máximo Tribunal del país, lo cual obligará a la SCJN a involucrarse de manera directa en el análisis jurídico de la extinción de los fideicomisos.
En sus argumentos, los quejosos expusieron que la aprobación de la disposición en el Senado de la República tuvo vicios de procedimiento legislativo, debido a que se modificó la conformación de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, sin que se cubrieran los requisitos necesarios para aprobar los cambios en la integración de esa Comisión.
De esta manera, el Senado de la República falló a los principios de representación, participación y legalidad.
Asimismo, los diputados federales consideraron en su acción de inconstitucionalidad que la disposición sobre los fideicomisos vulnera el principio de división de poderes, ya que se atenta contra la autonomía presupuestaria y técnica del Poder Judicial.
Además, la extinción de los 13 fideicomisos también se puede considerar como una “confiscación de bienes”, ya que los 15,000 mdp involucrados se reunieron por aportaciones de los trabajadores de los juzgados y de la SCJN.
GC
