La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a 11 personas originarias de México, entre ellas dos personas físicas y nueve personas morales, por su presunta participación en una red de robo de hidrocarburos vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Como consecuencia, las autoridades mexicanas iniciaron investigaciones financieras sobre esos sujetos y empresas y ordenaron el bloqueo de sus cuentas bancarias en el país.

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La Ofac difundió un comunicado, en el que explicó que la estructura presuntamente utilizó empresas de los sectores de transporte, logística, servicios financieros, comercialización de hidrocarburos e inmobiliario para ocultar y movilizar recursos de origen ilícito, además de facilitar operaciones relacionadas con el robo de combustible y esquemas de evasión fiscal en México.

La dependencia estadounidense también informó que la red pudo generar decenas de millones de dólares al año para el CJNG, mediante el contrabando y la comercialización ilegal de combustibles.

Como parte de las medidas, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN en inglés) emitió una alerta dirigida a instituciones bancarias para advertir sobre operaciones relacionadas con el contrabando de combustibles de Estados Unidos hacia México y posibles mecanismos de lavado de dinero asociados con esa actividad.

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó en el comunicado que estas acciones reflejan la diversificación de las fuentes de financiamiento de los cárteles mexicanos, cuyas operaciones ya no se limitan al narcotráfico, sino que también abarcan mercados ilícitos como el robo y tráfico de hidrocarburos.

En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó, a través de un comunicado, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) efectuó un análisis fiscal, financiero y corporativo de las personas designadas por la Ofac.

Como resultado, la Unidad encontró posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos detectados dentro del sistema financiero.

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Con base en esos hallazgos, la UIF incorporó a los 11 sujetos designados por Estados Unidos a la Lista de Personas Bloqueadas, medida que implica el congelamiento de sus cuentas y operaciones financieras en territorio nacional.

La investigación también permitió identificar a otras nueve personas presuntamente relacionadas con la misma estructura, cuyos recursos financieros igualmente quedaron bloqueados.

La SHCP explicó que estas medidas forman parte de la cooperación entre ambos países para proteger la integridad del sistema financiero, impedir su utilización en operaciones de lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas que respaldan el robo y la comercialización ilícita de hidrocarburos.

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En ninguno de los comunicados de la Ofac y de la SHCP se precisó la identidad de las personas físicas ni de las empresas incluidas en las sanciones y en el bloqueo de cuentas.

GC