La estrategia fiscal que establezca la administración de Claudia Sheinbaum será clave en la valoración que haga Moody´s sobre la calificación de riesgo crediticio de México, la cual ratificó en “Baa2”, con perspectiva estable, en mayo pasado.
El grado de inversión del país, un nivel medio, se mantiene desde julio de 2022.
De acuerdo con el vicepresidente analista senior del Grupo de Riesgo Soberano de la calificadora, Renzo Merino, la perspectiva de la agencia para la nota crediticia del país es pesimista; sin embargo, no prevé que se pierda el grado de inversión.
“Un cambio brusco en la calificación es poco probable sin que haya un choque material que afecte el perfil crediticio. Para poner en contexto, eso sólo ocurrió en la pandemia”, expuso el economista.
En el marco del evento anual de la agencia, titulado en esta ocasión “Dentro de LatAm: México 2024. Panorama crediticio frente a una nueva administración”, añadió que para que se produzca una pérdida del grado de inversión, se tendría que observar un deterioro institucional mayor y que las perspectivas macroeconómicas de México sean débiles.
No obstante, el analista advirtió que el país se enfrentará a la dificultad de que el nuevo gobierno consiga reducir el déficit fiscal en tres puntos del PIB el próximo año. Esto, cuando se tienen ya perspectivas de menor crecimiento económico.
En ese sentido, Merino subrayó que cuando la actividad económica se modera más, limita la capacidad para generar ingresos públicos, “lo que, en un contexto de rigidez del gasto, complicará el proceso de la situación mexicana y genera un riesgo de deterioro en la situación”.
Por otro lado, el economista se refirió a la situación de Petróleos Mexicanos (Pemex), toda vez que el nuevo gobierno mantendrá los apoyos para la petrolera.
Al respecto, expuso que en el supuesto que el gobierno de Sheinbaum absorba la deuda de la empresa, “puede presentarse un deterioro reputacional para el emisor soberano, que puede agravar aún más la situación”.
“Y las refinerías siguen siendo deficitarias y hay incertidumbre respecto a la planta de Dos Bocas, que aún requiere inversiones y no está completamente terminada, por lo que no vemos que contribuya financieramente a la empresa”.
En tanto a la reforma judicial, que recién se aprobó en el Congreso de la Unión, el analista dijo que uno de los principales riesgos a considerar en la nota soberana es el debilitamiento institucional, pues su ejecución podría erosionar los contrapesos a los poderes Ejecutivo y Legislativo, “éste último dominado por el partido en el poder y partidos afines”.
er