El gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de dar un paso más para defender sus reclamos en su disputa con México por el comercio del maíz genéticamente modificado y solicitó al gobierno mexicano un nuevo periodo de consultas para tratar de destrabar el diferendo.

Anteriormente, en el mes de marzo, el gobierno norteamericano solicitó un periodo de consultas técnicas bajo el capítulo 9 de medias sanitarias y fitosanitarias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mismo que ya concluyó sin reportarse avances.

En esta ocasión, Estados Unidos pide nuevamente la apertura de un periodo de consultas pero con base en el capítulo 31 de solución de disputas.

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A partir de esta notificación que hace la oficina del Representante Comercial del gobierno de Estados Unidos, que encabeza Katherine Tai, a la Secretaría de Economía de México, que dirige Raquel Buenrostro Sánchez, se abre un plazo de 75 días para tratar de dirimir los desacuerdos.

La petición del gobierno de Estados Unidos para iniciar un nuevo periodo de consultas de solución de controversias ocurre un día después que 62 congresistas norteamericanos enviaron una carta a la oficina del Representante Comercial, para exigirle que utilice “todas las herramientas” del T-MEC para combatir la política del gobierno mexicano respecto al maíz genéticamente modificado.

Los legisladores hicieron ver que “México constituye un mercado crítico para el maíz americano”, pero que la política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo las exportaciones de los agricultores estadounidenses hacia el mercado mexicano, que alcanzan un valor de 30,000 millones de dólares (mdd).

En este sentido, la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos emitió hoy un comunicado para informar que ha solicitado formalmente iniciar un periodo de consultas de solución de controversias a sus contrapartes de México, esto es a la Secretaría de Economía.

“Estados Unidos ha manifestado en varias ocasiones sus preocupaciones en el sentido de que las políticas sobre biotecnología de México no están sustentadas en la ciencia y amenazan con interrumpir las exportaciones de Estados Unidos a México en detrimento de sus agricultores y que, en contraparte, puede exacerbar los desafíos en materia de seguridad alimentaria”, aseguró Katherine Tai, citada por el comunicado.

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“Continuaremos trabajando con el gobierno mexicano a través de estas consultas para resolver nuestras preocupaciones y contribuir a garantizar que los consumidores tengan disponibles alimentos y productos agrícolas seguros y asequibles”, agregó la funcionaria.

El diferendo sobre el maíz genéticamente modificado o transgénico o transgénico, como también lo llama el gobierno mexicano, comenzó en febrero de este año con la publicación de un decreto de López Obrador que, entre otros aspectos, prohíbe la importación, la producción y el uso de este tipo de grano para consumo humano, por razones de salud.

No obstante, el decreto permite la importación y el uso del maíz transgénico para uso industrial y alimentación de ganado.

Los agricultores y el gobierno norteamericano se inconformaron con esta disposición, al considerar que cierra las fronteras para el maíz norteamericano en el mercado mexicano, lo que constituye una violación a los principios de apertura de mercados establecido en el T-MEC.

De ahí que la oficina del Representante Comercial solicitó la primera etapa de consultas técnicas en el mes de marzo pasado, la cual ha concluido pero sin reportarse avances concretos.

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En su comunicado, la oficina del Representante Comercial también argumenta que el decreto del gobierno mexicano publicado en febrero pasado incluye un instrucción a dependencias del gobierno a sustituir de manera gradual el uso del maíz genéticamente modificado en todos los alimentos de consumo humano y de alimentación animal.

“Las consultas también abordan los rechazos a solicitudes de autorización relativas a la importación y venta de ciertos productos biotecnológicos. Las disposiciones de México parecen ser inconsistentes con diversas obligaciones de los capítulos de medidas sanitarias y fitosanitarias y de acceso a mercados del T-MEC”, agregó el gobierno estadounidense.

Cumplido el plazo de consultas, que abarca 75 días, Estados Unidos tiene la opción de llevar el conflicto contra México a una instancia superior, que es un panel de solución de controversias que, en caso de ser desfavorable para nuestro país, puede implicar sanciones comerciales.

Apenas esta semana, el secretario de Agricultura de México, Víctor Villalobos Arámbula, comentó a la prensa que descartaba la apertura de un panel de solución de controversias con Estados Unidos por el caso del maíz transgénico, al referir que el decreto de febrero pasado protegía al país de ese riesgo.

Expuso que el decreto no prohíbe del todo la importación y uso del grano en el mercado nacional, ya que sí lo permite para usos industrial y de consumo animal.

GC