Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), informó que este organismo público está a la espera de la aprobación de la reforma a la Ley del Infonavit, con el propósito de empezar a construir casas y departamentos.
En la conferencia de prensa de todas las mañanas de Presidencia de la República, el funcionario recordó que el objetivo del gobierno federal consiste en construir un millón de nuevas viviendas en todo el sexenio, de las cuales 500,000 tendrán que ser desarrolladas por el Infonavit.
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Como se ha informado, el proyecto de reforma a la Ley del Infonavit se aprobó a fines del año pasado en el Senado de la República y se turnó a la Cámara de Diputados para su trámite legislativo.
Este viernes, las comisiones unidas del Trabajo y Previsión Social y de Vivienda de la Cámara baja aprobaron un dictamen a la Ley del Infonavit que modifica el dictamen originalmente turnado por el Senado, en el cual se mantienen casi sin cambios los órganos de gobierno del Instituto, en atención a las quejas de cámaras empresariales y de sindicatos quienes se cuestionaron que el proyecto del Senado atentara contra el carácter tripartita del Infonavit.
Asimismo, el dictamen modificado en la Cámara de Diputados establece la creación de un fondo financiero para la construcción de unidades habitacionales y también la creación de una empresa filial para encargarse de los trabajos de construcción.
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“Ya pasó el dictamen en el Senado y ahora está en la Cámara de Diputados. Esperamos que en los próximos días ya quede resuelto el tema de la reforma del Infonavit para empezar con la construcción”, dijo Octavio Romero.
Red de corrupción y juicios simulados
En la conferencia “mañanera”, el funcionario dio a conocer la existencia de una red corrupción dentro del Infonavit, que se coludió con autoridades judiciales, para abrir juicios indebidos o simulados contra 373,000 trabajadores derechohabientes del Instituto, de los cuales unos 249,000 perdieron su vivienda.
Sin embargo, se han identificado 22,000 trabajadores afectados que están al corriente de sus pagos y que no ameritaban ser demandados ni que se le embargara su vivienda.
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“Entonces, de 373,000 derechohabientes que fueron afectados en juicio, el 80% fueron demandados en otros lados. Solo 71,000 fueron en su propia entidad y, en otros casos, se presentaron irregularidades, ya que no fueron notificados personalmente en sus domicilios como lo marca la ley. Esta gente no tuvo conocimiento de que estaban siendo enjuiciados y, al no tener conocimiento del juicio, el proceso se aceleró”, aseguró Octavio Romero.
GC
