La Oficina del Representante Comercial del gobierno de Estados Unidos dio a conocer este lunes que solicita formalmente consultas a México para abordar la política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación con el comercio del maíz genéticamente modificado o transgénico.

De esta manera, la administración del presidente norteamericano Joe Biden da un paso adelante, por la vía jurídica, en su disputa con México por el caso del maíz genéticamente modificado o transgénico, luego de haber mantenido pláticas y encuentros personales durante 2022 entre funcionarios estadounidenses, como el secretario de Agricultura, Tom Vilsack, y la misma jefa de la oficina del Representante Comercial, Katherine Tai, y funcionarios del gobierno mexicano.

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El origen de este conflicto, que se suma a la controversia por la política energética de México, se ubica en el decreto que publicó en febrero pasado el gobierno de López Obrador en el que prohíbe la importación, producción y uso del glifosato en la agricultura, y que permite la importación y el uso del maíz genéticamente modificado para consumo animal y uso industrial, pero que lo prohíbe explícitamente para el consumo humano, por la vía de la industria masa-harina-tortilla.

“La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos anunció hoy que está solicitando consultas técnicas con el gobierno de México bajo el Capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en relación con ciertas disposiciones de México relativas a productos agrícolas biotecnológicos”, informó la oficina de Katherine Tai en un comunicado.

Con esta solicitud, “la intención del gobierno norteamericano consiste en que, a través de este proceso, podemos alcanzar un resultado que respete la soberanía de cada país y los beneficios de México y de Estados Unidos, y nuestros productores agrícolas”, agregó el comunicado.

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Como se sabe, México constituye actualmente uno de los principales compradores de maíz de los agricultores norteamericanos, de ahí que el decreto que prohíbe el consumo humano del grano genéticamente modificado constituye un duro golpe comercial para los norteamericanos.

“Las políticas de México amenazan con interrumpir miles de millones de dólares en comercio agrícola y además sofocarán la innovación que es necesaria para enfrentar el cambio climático y los desafíos de la seguridad alimentaria”, dijo la oficina del Representante Comercial.

En este sentido, la dependencia del gobierno norteamericano confió en que las consultas puedan ser “productivas” y reiteró su apertura para “trabajar con México” en la atención de este reto.

Antecedentes de la disputa

El decreto del gobierno mexicano, publicado el 13 de febrero de 2023, sustituyó a otro publicado en diciembre de 2020, que era más estricto al prohibir totalmente el uso del maíz genéticamente modificado en el país. El nuevo decreto dio la impresión de flexibilizar la política del gobierno de López Obrador, al permitir la importación y el uso de ese grano en la alimentación animal y el uso industrial, pero no fue suficiente para convencer a las autoridades norteamericanas, ya que se excluye al consumo humano.

Desde la publicación del segundo decreto, las autoridades norteamericanas y mexicanas mantuvieron conversaciones para darle seguimiento al asunto, pero a la vista de la solicitud de consultas, estas charlas no tuvieron resultados favorables.

La semana pasada, la Secretaría de Economía de México publicó un comunicado en el que señaló al gobierno de Joe Biden de impulsar “intenciones políticas” detrás de sus quejas sobre el maíz genéticamente modificado, más allá de argumentos comerciales.

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Expuso que el decreto apenas está en proceso de entrar en vigor y que, por tanto, Estados Unidos todavía no puede demostrar que existen afectaciones económicas a sus productores.

En cambio, el gobierno de Estados Unidos acusa al gobierno mexicano de impulsar fundamentos ideológicos en su política contra el maíz transgénico, ya que no ha demostrado con bases científicas y técnicas de qué manera este grano puede afectar la salud humana y, por tanto, retirarlo de la dieta de la población.

En este sentido, la administración Biden ha manifestado que el gobierno mexicano viola los capítulos del T-MEC en la medida que impone barreras al comercio y medidas discriminatorias.

Las consultas constituyen un primer recurso jurídico para atender un conflicto entre los socios del T-MEC, por la vía del diálogo, la negociación y la conciliación.

Pero si las partes no logran llegar a un entendimiento, lo que sigue es un panel de solución de controversias, que es un procedimiento parecido a un juicio, en el que un grupo de expertos tendrá que decidir quién tiene la razón. El riesgo es que la parte que sea declarada ofensora tendrá que asumir sanciones comerciales.

GC