El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) solicitaron al gobierno de Estados Unidos reconsiderar la propuesta para aplicar un arancel de 10% a importaciones relacionadas con trabajo forzoso, al argumentar que la medida afectaría a las exportaciones mexicanas sin contar con pruebas que la sustenten, de acuerdo con información publicada por El Universal.

Según el medio de comunicación, la postura del sector privado fue enviada al titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, mediante una carta en la que las organizaciones empresariales exponen que el gravamen planteado no corresponde con la evidencia disponible sobre las importaciones procedentes de México.

“Los aranceles propuestos son injustificados y desproporcionados en relación con los posibles daños causados por la importación desde México de mercancías producidas con trabajo forzoso, ya que se basan en una ausencia total de evidencia”, señalaron los organismos.

En el documento, las agrupaciones empresariales sostienen que una medida de esa naturaleza terminaría por afectar a compañías mexicanas y a las cadenas de proveeduría de América del Norte, pese a que, afirman, el país ha impulsado acciones para prevenir la producción y comercialización de bienes elaborados bajo condiciones de trabajo forzoso.

Asimismo, recordaron que México ha fortalecido su marco legal y laboral para alinearlo con los estándares internacionales y con los compromisos asumidos dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que consideran que la imposición de un arancel general no refleja los esfuerzos realizados en la materia.

Los representantes del sector privado también señalaron que la propuesta podría debilitar los incentivos que el propio T-MEC establece para impulsar la integración económica de la región, al incrementar los costos para empresas que forman parte de las cadenas productivas de Norteamérica.

Como parte de sus argumentos, indicaron que la iniciativa presentada por Estados Unidos no identifica bienes, sectores ni empresas específicas que demuestren que mercancías enviadas desde México hayan servido para eludir la legislación estadounidense en materia de trabajo forzoso.

“En ausencia de dicha evidencia, una medida arancelaria estaría desvinculada del perjuicio alegado y correría el riesgo de interrumpir cadenas de suministro norteamericanas que cumplen con la normativa”, añadieron.

Los organismos también hicieron referencia a la estimación de la USTR, según la cual 75 mil millones de dólares en exportaciones mexicanas no cumplirían con las reglas de origen previstas en el T-MEC. A partir de ese cálculo, indicaron que un arancel de 10% representaría alrededor de 7 mil 500 millones de dólares anuales en derechos de importación sobre mercancías que, sostienen, no tienen una relación documentada con casos de trabajo forzoso.

Como antecedente, recordaron que la propuesta estadounidense busca sustituir los aranceles recíprocos implementados en 2025, los cuales deberán dejar de aplicarse el próximo 23 de julio, luego de que la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que fueron establecidos de manera inconstitucional.

Frente a este escenario, el CCE, la Concamin y el Index plantearon que la estrategia para combatir el trabajo forzoso debe centrarse en la cooperación entre ambos países, mediante el intercambio de información, la coordinación en la aplicación de la ley y el desarrollo de investigaciones específicas, en lugar de establecer un gravamen de alcance general que, a su juicio, terminaría afectando el comercio regional sin estar respaldado por casos comprobados.

(Con información de El Universal)

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