La Comisión Reguladora de Energía (CRE) entregó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) un proyecto de acuerdo, por medio del cual pretende conservar indefinidamente la política de fijación de precios máximos del gas LP para el consumidor final, en aras de garantizar que este combustible sea asequible para las familias mexicanas.
Este proyecto pretende sustituir los otros dos acuerdos emitidos anteriormente, el primero de ellos (A/024/2021) en julio del año pasado, por medio del cual se puso en marcha la política de precios máximos del gas el LP en el país, y el de enero de 2022 (A/001/2022), que prorrogó la disposición por un plazo de seis meses y que vence el próximo mes de julio.
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La Ley General de Mejora Regulatoria establece que las disposiciones oficiales de emergencia pueden prorrogarse solo una vez más, de ahí que la CRE se vio en la necesidad de proponer la sustitución de los acuerdos anteriores por una política de carácter permanente.
Como ha ocurrido desde agosto del año pasado, la fijación de los precios máximos del gas LP se publica cada semana y considera precios diferenciados por región geográfica y municipio, con base en los costos de transporte que implica su distribución para llegar a los consumidores finales. La intención consiste en evitar incrementos de precios abruptos que resulten impagables para las familias.
En su proyecto entregado a la Conamer, la CRE justifica que el país enfrenta un entorno mundial de altos precios de los combustibles y de otras materias primas, así como una economía que sigue en proceso de recuperarse tras la crisis por la pandemia del Covid-19.
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La CRE también se apoya en los estudios y opiniones de la Comisión Federal de Competencia Económica (CFE), en el sentido de que México enfrenta problemas de competencia efectiva en el mercado local del gas LP, por la concentración de pocos participantes en el almacenamiento y distribución del combustible.
Por lo anterior, “si se deja de aplicar la metodología para la determinación de precios máximos, se esperaría que continúen las prácticas abusivas que elevaron injustificadamente los precios”, refirió la propuesta de la CRE.
En este sentido, “se considera necesario prorrogar la vigencia de la metodología para la determinación de precios máximos de gas LP en todos los mercados a nivel nacional”, refirió el organismo.
En su documento, que está sujeto a comentarios de especialistas y público en general para que den su opinión del impacto regulatorio, la CRE sostiene que la política de precios máximos del gas LP ha cumplido con su objetivo.
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Entre el 1 de agosto de 2021, cuando entró en vigor la disposición, y el 31 de mayo de 2022, los hogares consumidores del combustible han visto un ahorro de aproximadamente 897 pesos.
Además, la CRE sostiene que “la variación porcentual de los precios de gas LP con el esquema de precios máximos ha sido menor a la variación porcentual de la inflación mensual”.
“La Comisión estima que, sin una regulación de precios máximos, el precio promedio al usuario final de gas LP podría haber llegado hasta los 35.36 pesos por kilo, con una diferencia aproximada de 11 pesos respecto al precio regulado”, aseguró el documento.
El beneficio de conservar el método de fijación de topes de precios al gas LP tendrá un impacto favorable para la economía familiar, ya que 79% de los hogares de México consumen este combustible, porcentaje equivalente a 100 millones de personas.
GC
