El órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó a Iberdrola un permiso para operar un parque eólico, denominado como central Santiago, y ubicado en el municipio de San Felipe, estado de Guanajuato.

Se trata de la primera autorización que obtiene la compañía, originaria de España, en lo que va de la presente administración y también se da a conocer en un momento en el que se formaliza el contrato para la venta de 13 plantas de Iberdrola establecidas en México.

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Como se sabe, el comprador es Mexican Infrastructure Partners –gestora de fondos de inversión— quien a su vez dejará las plantas bajo la administración y operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con lo que el gobierno mexicano asumirá el control de esos activos.

La central eólica de Santiago tiene una capacidad instalada de 105 megawatts (MW) y operará bajo la figura de autoabastecimiento. Con la autorización de la CRE, la unidad podrá volver a ser conectada al Sistema Eléctrico Nacional.

La CRE había negado en marzo del año pasado un cambio en el permiso de generación de electricidad del parque eólico, con el argumento de que Iberdrola Renovables del Bajío había hecho la solicitud para una planta eólica que iba a funcionar en los municipios de Villa de Arriaga y Villa de Reyes, San Luis Potosí, misma que finalmente se instaló en San Felipe, Guanajuato.

Se consideró que este cambio de ubicación era un incumplimiento de la compañía.

Pero además de haber negado el permiso de generación, la CRE también resolvió en noviembre desconectar a la central de Santiago del Sistema Eléctrico Nacional.

Ahora, Iberdrola podrá echar a andar su central eólica de Santiago en Guanajuato, luego de que en una sesión extraordinaria, la CRE decidió el viernes pasado conceder la autorización.

En su momento, la empresa informó que su parque eólico iba a costar una inversión de 178.5 millones de dólares (mdd).

Como se recordará, en el presente sexenio Iberdrola ha sido señalada por haber promovido contratos de generación de electricidad que resultan “leoninos” para las finanzas públicas, ya que los términos de esos contratos fueron más favorables para la compañía.

Este fue uno de los argumentos empleados por el gobierno federal para concretar el acuerdo con Iberdrola sobre la compra de las 13 plantas eléctricas, una de las cuales es un parque eólico, mientras que el resto corresponde a plantas de ciclo combinado.

GC