El sector privado manifestó su rechazo a la orden de “ocupación temporal” de una planta hidrógeno, ubicada dentro de la Refinería de Tula de Petróleos Mexicanos (Pemex), y que era administrada por la empresa francesa Air Liquide.

“Conminamos al Poder Ejecutivo a actuar con responsabilidad, a agotar los mecanismos de diálogo y negociación con empresas proveedoras, permisionarias, concesionarias o licitantes con las que tenga diferencias, antes de realizar actos unilaterales como la ocupación o expropiación de bienes”, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a través de un comunicado.

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El pasado 29 de diciembre, el último día hábil de 2023, el gobierno federal publicó un decreto que declaró como asunto de “utilidad pública” el suministro de hidrógeno de la Planta Productora de Hidrógeno U-3400, ubicada en la Refinería Miguel Hidalgo de Tula, Hidalgo.

Asimismo, el decreto otorga el control de la unidad productiva a Pemex Transformación Industrial, empresa subsidiaria de Pemex.

La disposición también indica que “terceras personas”, esto es Air Liquide, que sean afectadas por la ocupación de la Planta de Hidrógeno, tendrán que ser compensadas económicamente, un compromiso que deberá ser cubierto por Pemex Transformación Industrial con su propio presupuesto.

La disposición cayó como “balde de agua fría” para el sector privado, al considerar que se trata de una medida “unilateral” que causa incertidumbre para la inversión, porque se desvanece la certeza jurídica respecto a los contratos que se establecen entre privados y las instituciones públicas de México.

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“Si bien son acciones reguladas por la Ley de Expropiación que establece las causas de utilidad pública y regula los procedimientos, modalidades y ejecución de las expropiaciones, es de destacar que este decreto no indica el plazo de ocupación temporal y es ambiguo en algunos aspectos, lo que impide la posibilidad de calcular la indemnización prevista en el artículo 2 Bis de dicha legislación”, refirió Coparmex en su comunicado.

El organismo empresarial —considerado el brazo político del sector privado— opinó que la presente administración impulsa una tendencia “reestatizante” de la vida económica del país, con la diferencia que, en esta ocasión, se concede un papel más protagónico a las fuerzas armadas, al otorgárseles negocios como el traslado de medicamentos y la administración de la nueva Mexicana de Aviación.

Sin embargo, la historia contemporánea del país ha demostrado que la participación del Estado en la economía no necesariamente ha tenido los mejores resultados para el país, aseguró Coparmex.

“México no tiene experiencias positivas con la estatización de actividades económicas, ya que han generado profundos costos económicos por ineficiencias y por malas gestiones de empresas públicas”, advirtió el organismo empresarial.

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La intervención del Estado en la economía no solo tendrá como efecto un funcionamiento deficiente de los negocios, un aumento en los costos de producción, precios más altos para el consumidor y problemas en las finanzas públicas, sino que también ahuyentará la inversión privada, nacional y extranjera, que requiere México para impulsar su crecimiento.

“En Coparmex advertimos un daño adicional: desalentar gravemente la atracción de inversiones y desaprovechar la gran oportunidad que nos abre la relocalización de empresas y cadenas productivas o nearshoring”, concluyó el organismo.

GC