La desaparición de siete organismos constitucionales autónomos, que acaba de aprobar la Cámara de Diputados, constituye una mala noticia para los derechos humanos, la transparencia con la que debe funcionar el gobierno y también para la oferta de un ambiente de libre competencia con el que debe operar el mercado mexicano.

Así lo consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a un día que la Cámara de Diputados votó a favor de extinguir siete organismos constitucionales autónomos, si bien dispuso que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) se fusione con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

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“La desaparición de organismos como el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el IFT y la Cofece generará incertidumbre en los sectores económicos, afectando la inversión, el empleo y la estabilidad”, aseguró Coparmex en un comunicado.

La Confederación —que es el brazo político del sector privado— consideró que la eliminación del Inai desprotegerá los derechos de los ciudadanos para solicitar información del gobierno y también para proteger sus datos personales, lo que contribuirá a la opacidad y la corrupción de figuras de autoridad.

Asimismo, Coparmex aseguró que la extinción de Cofece y el IFT, como entes independientes, así como la desaparición de las comisiones Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Reguladora de Energía (CRE) —cuyas facultades pasarán a la Secretaría de Energía (Sener)—, despertarán inquietud entre las empresas e inversionistas porque cambian el marco legal del país y las reglas del juego del mercado mexicano.

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“Su eliminación debilitaría el ambiente negocios, al borrarse las reglas justas y claras necesarias para atraer inversión y fomentar el desarrollo. México se alejaría de los estándares de competencia y transparencia internacionales, perdiendo competitividad en los mercados globales”, aseguró Coparmex.

Asimismo, la Confederación hizo ver que las instituciones autónomas constituyen organismos reguladores, que toman decisiones con bases técnicas y no políticas, en beneficio de los actores económicos y los consumidores.

La Confederación descartó, como ha dicho el oficialismo, que la operación de los organismos constitucionales autónomos —a los que también se agrega el Consejo Nacional de Evaluación de la  Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)— represente un gasto considerable para el presupuesto público.

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“Contrario a lo que se ha argumentado, los organismos autónomos no representan un gasto significativo para el país. Su eliminación apenas supondría un ahorro de 0.05% en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que demuestra que su existencia tiene un impacto mínimo en términos económicos”, advirtió la Confederación.

“Sin instituciones independientes que emitan resoluciones técnicas y transparentes, la ciudadanía corre el riesgo de enfrenar retrocesos en el ejercicio de un derecho como es el acceso a la información pública, en la protección de datos personales en la defensa de una semana competencia empresarial”, concluyó el comunicado.

GC