La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) entorpece las autorizaciones ambientales de obras del sector privado, mientras que agilizar la resolución de los permisos para proyectos federales.
De acuerdo con el sindicato patronal independiente, derivado de la prioridad que se le está brindando a obras del gobierno, hay 1,545 proyectos detenidos por falta de resolución de la autoridad ambiental.
Bajo este contexto, la organización hizo un llamado a la dependencia para que agilice la resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y otros permisos.
“El retraso en el otorgamiento de licencias ambientales de aprovechamiento de agua y de cambios de uso de suelo que corresponden en su mayoría a desarrollos del sector turístico, inmobiliario, carretero, minero y de extracción en bancos de materiales, produce un impacto negativo en la generación de empleos e implica desaprovechar el atractivo de México para el nearshoring”, expuso la Coparmex.
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En un comunicado, apuntó que están conscientes de la importancia que tiene la MIA en la prevención de daños a los recursos naturales; sin embargo, también resaltan que es evidente la tardanza de los trámites, por lo cual instan a la autoridad a responder de manera más ágil.
“Si bien la Ley General para la Protección y el Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA) prevé un periodo de 60 días hábiles para que la autoridad emita su resolución, en promedio los resolutivos a privados tardan 199 días, un tiempo mucho mayor al que establece la norma y al que demoran los del sector público, que son liberados en un lapso de entre 36 y 55 días, lo que denota un trato desigual entre los solicitantes que es discriminatorio y que podría ser causa de violación al T-MEC por favorecer a los proyectos públicos sobre los de los particulares”.
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En ese sentido, Coparmex propuso el Modelo de Desarrollo Inclusivo (MDI) como la hoja de ruta “para que México tenga no sólo desarrollo económico y social, sino que éste además sea sostenible”.
“Instamos a las autoridades a conducirse conforme a lo que establece la normatividad vigente para procurar el cuidado del medio ambiente e impulsar la inversión que genera empleos y calidad de vida”, concluyó.
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