El presidente Andrés Manuel López Obrador se planteó la meta de extender el servicio de internet a toda la población de todos los rincones del país, para lo cual creó el programa Internet para Todos. Sin embargo, esta ambiciosa tarea se ha quedado en suspenso, ante la pandemia del Covid-19, la escasez presupuestal y la falta de articulación de las políticas públicas.

De este modo, México llega al Día Mundial del Internet –que se celebra este 17 de mayo— con una deuda pendiente: 34.4 millones de personas sin servicio.

Originalmente, el gobierno federal planteó la cobertura de 100% para 2021, pero luego la aplazó para 2022 y el mes pasado la pospuso hasta 2023. “Lo queremos hacer a más tardar en el (20)23, esto es tener todo el país comunicado mediante internet, ese es el compromiso, lo hice desde que asumí el gobierno”, declaró López Obrador el pasado abril.

Pero a mitad del sexenio, aún no existe “estabilidad institucional” ni “financiamiento constante” para proyectos públicos y privados que permitan alcanzar las metas, consideró Ramiro Tovar, profesor de economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En México existen 80.6 millones de personas con internet, pero también prevalecen 34.4 millones que no son usuarias, casi un tercio de la población. Además, solo 44.3% de los hogares tiene computadora y 56.4% conexión a internet, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“No es necesariamente malo ponerse metas ambiciosas, es importante porque la necesidad es muy apremiante porque las comunidades sin acceso tampoco tienen otros servicios públicos y están en una situación de mucha marginación”, comentó Elena Estavillo, presidenta de la agrupación Conectadas.

El diagnóstico del presidente es que solo 25% del territorio nacional está comunicado por internet por “la corrupción del neoliberalismo” y el interés económico de las empresas privadas

En 2019 se creó una filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), llamada CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, que iba a invertir 11,000 millones de pesos (mdp).

Su meta para 2025 consiste en habilitar 200,000 puntos de conexión a internet gratuitos, extender los servicios de red y banda ancha a cerca de 130,000 localidades y adecuar infraestructura para generar “una gran capacidad de transporte de datos”.

CFE no tiene facultades de hacer política pública

Aunque Estavillo coincidió en que “no es un secreto” que para las empresas no es rentable comunicar a las comunidades más apartadas, pero advirtió que existen “acciones desarticuladas” del Estado.

“CFE no es una autoridad, es una operadora estatal y ahí pareciera haber una confusión tremenda porque no tiene facultades para hacer política pública, no es una secretaría de Estado”, apuntó la también la excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Asimismo, cuestionó la desaparición de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y el debilitamiento de otros organismos encargados de la digitalización en medio de “un momento disruptivo” ocasionado por la pandemia.

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“No estamos viendo un plan integral de digitalización del país, no tenemos una estrategia nacional, aunque para algunas comunidades se cumpla la meta de llevar el internet, va a llegar a un lugar donde muy probablemente la población no tenga habilidades digitales”, observó.

Faltan esquemas institucionales y dinero

Ramiro Tovar señaló que las primeras deficiencias surgieron con la reforma de telecomunicaciones de 2013, impulsada por el gobierno anterior.

“Fue eminentemente de carácter regulatorio y dejó un hueco enorme sobre mecanismos inmediatos para promover la penetración y la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional, no se incluyó ningún esquema institucional”, mencionó.

Pese a las intenciones del presidente, el académico del ITAM advirtió que “no hay lo fundamental”: presupuesto constante.

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“Por más que el presidente se reúna con directivos de las principales operadores de telecomunicaciones y que se hagan convenios, la verdad es que hay una insuficiencia de fondos, la meta es ambiciosa y, por lo tanto, imposible bajo las actuales circunstancias de finanzas públicas”, consideró.

El teléfono celular es la tecnología con mayor penetración en México, con 86.5 millones usuarios –equivalente a 75.1% del total de la población—, de los que 88.1% usan un teléfono inteligente o “smartphone”, según el INEGI.

Pero el gobierno de López Obrador creó en abril el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que pretende recopilar los datos biométricos de las personas, la huella digital y el iris como condición para el servicio.

“Nuestros cálculos es que alrededor de unos 20 o 30 millones de mexicanos pueden quedar desconectados por esta iniciativa”, alertó Jorge Fernando Negrete, presidente de la firma Digital Policy & Law Group.

GC